En plena bronca política y esfervescencia por las declaraciones de Ana Mato, vicesecretaria de Organización del PP, en las que criticaba la labor de la Junta en materia educativa e indicaba que algunos niños andaluces no tenían mesas donde sentarse, haciendo alusión al retraso en la llegada del mobiliario escolar a principios de curso a algunos centros, el Gobierno andaluz ha tomado la decisión de sustituir a Miguel Ángel Serrano Aguilar en la dirección general del Ente Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, máximo responsable de que los pupitres no llegaran a tiempo.

Como publicó La Opinión de Málaga en su edición del pasado 21 de septiembre, la Junta conocía desde agosto que las mesas y sillas no iban a estar listas. Todas las provincias andaluzas tuvieron algún tipo de problema con la distribución del mobiliario y en algunos centros las clases no pudieron comenzar hasta tres y cuatro días después del 12 de septiembre, ya que los alumnos no tenían sillas en las que sentarse. De esta labor se encargaba desde 1985 una empresa cuyo contrato expiró en verano, y que fue adjudicado por concurso público a otra que proponía una rebaja del precio del 31%, lo que comprometía la calidad del servicio, como finalmente quedó demostrado.

En el caso de Málaga, la Delegación Provincial de Educación siempre achacó este fallo, precisamente, a la empresa distribuidora. Los directores de los colegios recibieron el pasado 1 de septiembre, cuando se incorporaron a sus puestos después de las vacaciones, un correo electrónico masivo por parte de los trabajadores que anteriormente gestionaban el almacén de la Consejería de Educación, advirtiéndoles de las probables incidencias en la distribución y montaje del material educativo.

A Ana Mato se le fue la mano en su crítica, porque para ello utilizó una fotografía de un colegio en el que los alumnos estaban participando en un cuentacuentos. Los dirigentes políticos del PP de Andalucía han continuado la senda marcada para criticar los recortes que, a su juicio, practica la Junta en materia de educación, a pesar de que el Gobierno de Griñán insiste en que estos no se producen y que su apuesta por la educación es definitiva.

Pero el error de cálculo de la Junta en el reparto de los muebles a principio de curso, aceptando la rebaja del contrato de una empresa sin experiencia, se ha cobrado como víctima a Serrano Aguilar, tras varios años como director general del ISE. Desde el martes le sustituye Aurelia Calzada, hasta ahora directora general de Planificación e Innovación Educativa.

En la provincia de Málaga, en concreto, faltaron los muebles en el nuevo colegio Santísima Trinidad, de Sierra de Yeguas (y no llegaron hasta el jueves 15); en el CEIP Valeriano López, de Estepona; en el Mariana Pineda, en Benalmádena; en el CEIP La Campiña, de Cártama; o en el Josefina Aldecoa, en Torre de Benagalbón. Cuatro días después del inicio oficial del curso, Educación enviaba un comunicado en el que informaba de que se habían solucionado estos problemas y que todos los alumnos podían asistir a clase con normalidad.

Los trabajadores de Setransa, la empresa que desde 1985 gestionaba el almacén de la Consejería de Educación en Andújar, y que perdió la adjudicación del contrato quedando en el último lugar del concurso, de las tres que se presentaron, denunciaron a este periódico que sabían de una «buena relación» existente entre el que era director del ISE, Miguel Ángel Serrano, y el presidente de la UTE adjudicataria, ya que ambos habían trabajado hasta el año 2008 en el consejo regional de una importante compañía de seguros. Este periódico ha podido confirmar que ambos coincidieron en este órgano consultivo, cuando Serrano era director de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA).

El nuevo concurso realizado por el ISE contemplaba una bajada significativa del presupuesto de licitación, mientras que no se bajaban las exigencias de los trabajos. Si el precio del último concurso en 2007 superaba los 36 millones de euros, en 2011 se quedaba en once. 25 millones menos para ofrecer el mismo servicio, aunque había menos kilos de material que distribuir, por lo que en realidad la bajada de los precios era de un 11%, aunque la empresa ganadora propuso una bajada adicional del 20%.