La Fiscalía de Málaga pide, en su escrito de conclusiones provisionales, catorce años de prisión para una ciudadana inglesa que, el 26 de julio de 2010, mató supuestamente a su marido de una cuchillada durante el transcurso de una discusión que tuvo lugar en su domicilio de Benalmádena.

El escrito ha sido remitido al Juzgado de Instrucción número 4 de Torremolinos, aunque será el Tribunal del Jurado de la Audiencia Provincial de Málaga el encargado de dirimir si la encausada es culpable, o no, de los hechos que le imputa el ministerio fiscal.

Según consta en el documento acusatorio, M. C., nacida el 8 de febrero de 1962, carece de antecedentes penales. A las 00.45 horas del 26 de julio de 2010, la mujer se encontraba en su domicilio, ubicado en una conocida urbanización de Benalmádena. «En el transcurso de una discusión con su marido, D. L. C., y guiada por el ánimo de acabar con su vida, cogió un cuchillo de cocina y se lo clavó en la clavícula izquierda», asegura el representante del ministerio fiscal en su escrito de acusación pública.

Esa cuchillada fue suficiente, según determinaron los informes forenses manejados por la acusación, para ocasionarle la muerte «por herida de arma blanca en la cara anterior del hombro izquierdo, con afectación de la arteria y la vena axilares», señala la Fiscalía de Málaga.

Los hechos han sido calificados como un supuesto delito de homicidio del artículo 138 del Código Penal, concurriendo, en este sentido, la circunstancia agravante de parentesco del artículo 23 del mismo texto normativo.

Petición de pena

La Fiscalía de Málaga pedirá para la acusada en el plenario 14 años de prisión, y la accesoria de inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena, además del pago de las costas generadas por el proceso. Asimismo, propone una indemnización de 195.000 euros para los herederos legales del fallecido, y reclama la formación de una pieza separada de responsabilidad civil, en el marco de la cual «se requiera a la acusada para que preste fianza en cuantía suficiente para garantizar las responsabilidades pecuniarias» , consta en el documento.