Violencia machista

La ley saca a la luz más casos de violencia de género pero falla la seguridad

La ley aumenta los recursos públicos para atender a las víctimas de maltrato, pero quedan algunas lagunas

 04:13  
Una llamada al 016. Las víctimas de violencia de género pueden dirigirse al teléfono 016. Allí encontrarán atención gratuita y profesional las 24 horas del día los 365 días del año, derivación de llamadas de emergencia al 112, la coordinación de servicios similares de las comunidades autónomas, todo tipo de información a las mujeres víctimas de violencia de género y a su entorno sobre recursos y derechos de las víctimas en materia de empleo, servicios sociales, ayudas económicas, recursos de información, de asistencia y de acogida.
Una llamada al 016. Las víctimas de violencia de género pueden dirigirse al teléfono 016. Allí encontrarán atención gratuita y profesional las 24 horas del día los 365 días del año, derivación de llamadas de emergencia al 112, la coordinación de servicios similares de las comunidades autónomas, todo tipo de información a las mujeres víctimas de violencia de género y a su entorno sobre recursos y derechos de las víctimas en materia de empleo, servicios sociales, ayudas económicas, recursos de información, de asistencia y de acogida. 
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Matucha garcía La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género cumple siete años y, aunque ha logrado que afloren más casos, ya que han subido las denuncias, suspende sin embargo en varios de sus objetivos claves como las medidas de seguridad a las víctimas y en la educación, es decir, en cambiar los conceptos y roles machistas y de género aún establecidos en la sociedad a través de la formación y la concienciación, lo que es a su vez la mejor herramienta de prevención de cara a las futuras generaciones.

La mujer denuncia más pero aumenta de manera significativa el número de víctimas que tras interponer la demanda se retiran del proceso. Éstas son las principales conclusiones que se extraen del análisis de los datos desde 2003, antes de la aplicación de la norma, hasta la actualidad, unos índices además valorados y analizados por expertas y representantes del Instituto Andaluz de la Mujer, el Ayuntamiento de Málaga y la Diputación.

El crecimiento en denuncias es un hecho incuestionable. De las 4.234 registradas en la provincia en 2003 se ha ido produciendo un incremento paulatino hasta llegar al pico de 2008 con 6.740 denuncias (2.500 más en seis años) para descender hasta las 5.529 de 2009 y las 5.890 del pasado año, según los datos del Consejo General del Poder Judicial, un descenso que las diferentes administraciones atribuyen a una estabilización de los datos, que no a un descenso real de casos.

Hasta octubre de este año, por otro lado, la Policía Nacional y la Guardia Civil han recibido en la provincia 2.727 denuncias, un 22% más que en el mismo periodo del año anterior, según los datos proporcionados ayer por la Subdelegación del Gobierno. En ese mismo tiempo, el número de detenidos ha sido de 2.555, frente a los 1.888 del año pasado.

La subida en las denuncias se relaciona de forma general a que aumenta la información a la mujer, los recursos y las redes de atención por lo que ésta sabe mejor dónde acudir e incluso considera que están a su disposición los mecanismos necesarios para salir del problema (atención psicológica, apoyo judicial, laboral, etc.). De hecho, este año se han tramitado 1.518 órdenes de protección en la provincia y hasta octubre 241 mujeres han sido valoradas en riesgo alto y otras 87 en riesgo extremo.

Sin embargo, muchas dudas se ciernen por el camino a tenor de otra realidad existente. Y es que del 11,9% de las mujeres que renunciaban a su denuncia en 2003 se ha pasado a un 17% en 2009 y a un 19% en 2010, manteniéndose la tendencia en este año, donde las renuncias en el primer semestre ya han subido al 20,62%.

¿Qué es lo que está fallando? Algunos especialistas y expertos consideran que es necesaria más inversión mientras que otros lo que piden es reorganización. Entre los aspectos positivos de esta realidad destacan que en la evolución también aumentan los índices de denuncias interpuestas por la víctima, que aunque continúa siendo un porcentaje no mayoritario va en aumento, lo que denota mayor confianza. En 2007 sólo el 4,4% de las víctimas denunció directamente, pasando al 6,8% en 2008; al 5,3% en 2009; al 8,7% en 2010 y al 8,52% en 2011 (primer semestre). También aumenta la concienciación y el trabajo con los facultativos y el personal sanitario, de forma que más del 20% de las denuncias llegan ya por esta vía. Siguen existiendo fallos, sin embargo, y lagunas en las medidas de protección que aplican los jueces y de seguridad en general. Algunas representantes creen que no se aplican de forma correcta, mientras que otras creen que hay que aumentar el abanico de posibilidades y ampliar y perfeccionar los baremos de concesión. También suspenden la actuación en formación y educación.

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