Exconcejales del Grupo Independiente Liberal (GIL) en el Ayuntamiento de Marbella de la Corporación de 2003 a 2006 y la exedil que formó parte del gobierno tripartito, Isabel García Marcos, han firmado hoy con la Fiscalía la conformidad de una causa urbanística que iba a ser juzgada hoy.
El juicio estaba previsto hoy en el Juzgado de lo Penal número 10 de Málaga y en el banquillo de los acusados estaba previsto que se sentaran doce acusados por dar licencia al proyecto básico y al de ejecución para la construcción de más viviendas de las que presuntamente se permitían.
Entre los acusados se encuentra el exalcalde de Marbella Julián Muñoz, que junto a Rafael González, Marisa Alcalá, José Luis Troyano, José Luis Fernández Garrosa, Alberto García, Tomás Reñones y Javier Lendínez (en situación de rebeldía), ya se habían acogido con anterioridad al acuerdo de conformidad con la Fiscalía.
En dicho acuerdo se fijaba un año de prisión para los ediles de la primera Corporación del GIL (1995-1999) y de nueve meses para los de la segunda (1999-2003).
Además de estos ocho procesados, quedan cuatro, los que presuntamente aprobaron el proyecto de ejecución, que son los que hoy se han conformado con la petición del fiscal García Marcos, José Jaén, María del Carmen Revilla y Pedro Pérez.
Tras el acuerdo con estos cuatro últimos procesados, el fiscal les pide doce meses de multa a diez euros por un delito de prevaricación urbanística.
Excepto estos cuatro acusados y el exedil que está fugado, el resto de exconcejales ha estado en prisión cumpliendo condena por delitos urbanísticos.
Estos acuerdos con el fiscal se enmarcan dentro de los pactos a los que los exediles están llegando con la Fiscalía para no celebrar juicios urbanísticos en los que se encuentran imputados, exconcejales del GIL de tres corporaciones consecutivas entre 1995 a 2006, cuando se destapó el caso Malaya.
El pacto entre la Fiscalía y los exediles establece una condena por cada procedimiento, con la limitación establecida por la ley de que los condenados cumplirán a lo sumo el triple de la pena máxima impuesta por cada delito que tenga conexidad.
En este último caso de prevaricación urbanística el fiscal asegura en su escrito acusatorio, al que ha tenido acceso Efe, que en la comisión de gobierno de abril de 2002 acordaron por unanimidad otorgar licencia de obras al proyecto básico, presentado por un grupo inmobiliario, para la construcción de 20 viviendas adosadas.
Posteriormente, los cuatro últimos procesados aprobaron el proyecto de ejecución en marzo de 2004. EFE
