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´Los funcionarios no pueden pagar el despilfarro´

El presidente de Málaga del CSIF, Joaquín Pérez Muñoz, critica la mala gestión de las administraciones

 13:52  
Joaquín Pérez Muñoz en la sede provincial del sindicato CSIF, del que es presidente provincial.
Joaquín Pérez Muñoz en la sede provincial del sindicato CSIF, del que es presidente provincial. Gregorio Torres

Ignacio A. Castillo CSIF ha vuelto a obtener el triunfo en las elecciones sindicales celebradas entre el personal de la Junta de Andalucía, siendo la fuerza más votada con el 34,8% de los sufragios y aumentando además su representación con un delegado. Estar presente en la Mesa General permite negociar todo lo que afecte a los empleados públicos de Andalucía. Joaquín Pérez es el presidente de la central en Málaga.

¿Qué primera valoración puede hacer de las medidas anunciadas por Rajoy?

En realidad no se han concretado las medidas anunciadas para los empleados públicos. Lo que sí tenemos claro es que el nuevo Gobierno pretende reducir el déficit en 16.500 millones de euros. Rajoy ha hecho una radiografía de la situación económica, pero desde la más absoluta normalidad. No hay nada de qué asombrarse. Lo único que ha hecho ha sido dibujar el panorama y poner sobre el tapete lo que hay que hacer, aunque en realidad todo el mundo ya lo sabía parcialmente.

¿En qué puede afectar la necesidad de reducir el déficit al empleo público?

Rajoy ha anunciado que habrá una congelación del empleo público, salvo en servicios básicos esenciales. Pero hay un dato que desde el CSIF queremos dejar claro: el importante déficit público, que lo hay, se ha generado por las actuaciones de la administración pública, pero no tiene que ver ni con los servicios públicos ni con los empleados públicos. Se tiene que relacionar con la creación de sociedades empresariales públicas paralelas, que sí que lo abordó Rajoy en su discurso, y que ha provocado el despilfarro de las administraciones públicas. Pero no tiene nada que ver con los funcionarios. Hay duplicidad de competencias, lo que genera más gasto, el sector público se ha sobredimensionado y todo esto lleva a la confusión.

¿Por qué cree que los funcionarios están socialmente mal vistos?

El anterior Gobierno socialista, creemos que malintencionadamente, focaliza y crea un foro de debate en la opinión pública contrario a los funcionarios, que en un país con cinco millones de parados llega a calar. Los funcionarios son personas con un empleo estable en la función pública, pero también son los garantes de la igualdad y de la independencia, esté quien esté en el poder político. Es el funcionario público el que, aunque tenga su ideología, actúa con criterio de sometimiento a la ley y el derecho independientemente del partido que gobierne. Hace unos meses, cuando empezaron con los recortes, sí se intentó crear esa confrontación. Casi se consiguió. Se vilipendió la figura del funcionario público y hasta se les acusó de ser los responsables de la crisis.

Pero siempre se ha hablado de la hora del café, del «vuelva usted mañana», antes incluso del Gobierno del PSOE.

Son tópicos. El criterio de eficiencia se ha modernizado, con unos sueldos muy inferiores de los que se pagan en la empresa privada. Si hay críticas o rencillas es porque los funcionarios tienen el puesto asegurado. Es necesario en el Estado que haya una administración pública atendida por profesionales al servicio de los ciudadanos. ¿Cuál es la garantía de que esté al servicio de los ciudadanos? Que sea independiente, aunque tenga que seguir las directrices que marque el Gobierno.

¿Cree que los funcionarios han pagado parte de los platos rotos de la crisis?

Tras varios años de congelación salarial, se aplicó una reducción del 5% de las nóminas y ahora tememos una nueva congelación. Rajoy lo único que ha garantizado es el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones. Como tampoco se ha concretado nada en ese sentido, habrá que esperar al 30 de marzo para ver los presupuestos.

¿Teme que el nuevo Gobierno, que los recortes que se presumen, no mejore la situación de la función pública?

En cuanto a otras medidas que se han anunciado, son lógicas y necesarias. Eran un clamor: ayudas para la creación de empleo, revisión de subvenciones, compensación de deuda entre empresa y administración, no tributar por el IVA hasta que no se cobre... lo que ha dibujado Rajoy es lo más básico, no ha descubierto América. En realidad, América estaba ahí, pero el Gobierno anterior no la veía. Toleraremos recortes en lo innecesario, lo superfluo y el despilfarro. Pero no vamos a permitir que el recorte venga de la supresión de servicios públicos o que se caiga en la superficialidad de decir que quitándole un 5% a los empleados públicos se arreglan los problemas.

¿El presidente de los empresarios reclama el despido de empleados públicos?

Demuestra un desconocimiento supino de lo que es la Administración pública. Su ignorancia ha sido osada. Ese señor no conoce lo que son servicios públicos esenciales. No conoce ni concreta. No se puede comparar el sector público con la creación de empresas públicas y fundaciones, que han sido un foco de creación de empleo para favorecer a un partido político, sin control de acceso y sin control del tribunal de cuentas. Ahí es donde está el problema. Los funcionarios públicos son necesarios en un estado de bienestar y él lo desconoce. Y pretende identificar el déficit con los funcionarios y vuelve a errar.

Si se ha sobredimensionado la función pública con estas fundaciones, sobran empleados. ¿Qué se puede hacer entonces?

Habrá que ver si son necesarias y qué tipo de contrataciones hay ahí. La función pública no está para crear empleo en sí misma, sino para dar los servicios públicos esenciales. No podemos caer en el error de que la Administración sirve para reducir las listas del paro sin ser necesarios nuevos puestos. Si se prescinde de los empleados que ya existen, lógicamente aumentaría el paro. Para que exista equilibrio presupuestario hay que conjugar el control del gasto con las cifras de desempleo. Pero estas cosas pasan cuando se ejerce el gobierno desde la irresponsabilidad. Estos actos políticos generan consecuencias que no son buenas para nadie. En Andalucía ha sido más sangrante y hemos presentado un recurso para la reordenación del sector público.

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