Cuatro apuñalados y dos personas con quemaduras graves en 2011; además, una chatarrería ilegal a pleno funcionamiento, electricidad y agua obtenidas de forma gratuita, música a alto volumen, práctica del nudismo en verano en una playa no autorizada, recogida de alimentos caducados y robos en supermercados... los idílicos Baños del Carmen y su entorno se han convertido en una zona sin ley mientras los vecinos de Pedregalejo se enfrentan a un sainete político-administrativo en el que cada administración lo único que tiene claro es que no es responsable de poner coto a este festival de inseguridad y precariedad.
Ayer, los vecinos más próximos a este campamento volvieron a mostrar su indignación por la falta de respuesta de las administraciones, mientras siguen padeciendo una vecindad no deseada que, aseguran, dura ya dos años.
«Cualquier día vamos a salir ardiendo. Por la noche hacen candelas, los eucaliptos están muy secos y dan a las casas. No hay derecho, se acuesta una intranquila», asegura Carmen Bueno, una vecina.
«Tienen una chatarrería y enchufan una radial porque tienen corriente gratis y una furgoneta les recoge la chatarra», cuenta José Córdoba, que recuerda que tras la última protesta de los vecinos, los «okupas» les lanzaron por encima del muro restos de comida.
La comida, por cierto, la obtienen de los contenedores de los supermercados vecinos, haciéndose con la comida caducada, comentan los vecinos, aunque una de ellas aseguró: «Mi marido los ha visto muchas veces robando en el supermercado».
Adolfo García, de la asociación de vecinos de Pedregalejo, señaló que se trata de un problema que se inició tras el desalojo judicial de unas viviendas próximas al Balneario, «y entonces se trasladaron a los Baños».
El dirigente vecinal subrayó el «riesgo sanitario y alimenticio» de los «okupas», por lo que pidió que intervengan los asistentes sociales. Y por otro lado, recordó «el derecho que los ciudadanos tienen a la tranquilidad y la seguridad y aquí no se cumple».
Hoy, el grupo municipal popular presentará una moción en el pleno del Ayuntamiento reclamando a la Junta de Andalucía «como Administración tutelante del espacio concesional» que dicte una resolución instando al desalojo del «asentamiento ilegal».
En el mismo sentido, en noviembre la Dirección General de Costas hizo saber a la Junta que por la transferencia de competencias en materia de concesiones de playas, era responsable de dar una solución al campamento ilegal.
Por su parte, el delegado de Medio Ambiente de la Junta, Francisco Fernández España, negó ayer a este periódico que la Junta sea competente y precisó que según sus informes jurídicos «no es responsabilidad nuestra porque hay iniciado un rescate de la concesión». A este respecto, explicó que la Junta «no puede entrar» en este asunto «porque hay iniciado un procedimiento administrativo y si entramos podría producirse la nulidad de derecho de las actuaciones».
Con independencia de la concesión, declaró que se trata «de un asentamiento ilegal en dominio público y por tanto el titular del dominio sigue siendo Costas y la Subdelegación del Gobierno, que con independencia de la concesión es la que tiene que actuar».
Por último, el subdelegado del Gobierno, Jorge Hernández Mollar, manifestó ayer a este diario que «lo primero que hay que hacer» es analizar la titularidad tras el traspaso de competencias, «y analizar a partir de ahí si se hace un desalojo y de qué tipo porque no se puede eternizar la solución».
Para los vecinos, ésta es una discusión sobre galgos y podencos que sólo concluirá cuando algo más grave ocurra en los Baños.
