La sociedad Predegasol compró en 1996 dos parcelas de poco más de 1.500 metros cuadrados de superficie cada una en la zona del monte Gibralfaro por 30.050 euros (5 millones de pesetas entonces). Se trata de parcelas para zonas verdes sin ningún uso residencial.

Diez años después, sin haber realizado ninguna intervención en dichos suelos, le reclama al Ayuntamiento su expropiación y tasa su valor conjunto en 4.135.708 euros; un 6.800 por ciento más.

Se trata de dos parcelas, una en la calle Ceibas y otra en la de Juan Ruiz que, según el informe elaborado en la Gerencia de Urbanismo, se han comprado a sabiendas de que eran zona verde «y que eran inedificables» «para pretender sacar jugo e intentar enriquecerse a costa de toda la ciudad con unos terrenos que no tienen valor alguno y por los que nunca se pagarían las indemnizaciones millonarias que solicitan totalmente desorbitadas y sin fundamento».

Sus propietarios, sin embargo, acuden a una argucia legal ya que estas parcelas, al igual que otras que están en el entorno del Gibralfaro, figuraban en el PGOU de 1997 como suelo a obtener por el Ayuntamiento para sistema general. La ley señala que si esos suelos no son obtenidos por la administración en el plazo de cuatro años desde la aprobación del PGOU, sus propietarios podrán reclamar su expropiación «por ministerio de ley», es decir de forma forzosa y el Ayuntamiento está obligado a realizarla.

El Consistorio, sin embargo, no está dispuesto a «indemnizar con cantidades desorbitadas» la expropiación de esos suelos.

Ahora, el Ayuntamiento, a través de la Gerencia de Urbanismo, ha culminado el proceso de expropiación y ha fijado el valor a pagar por ambos suelos en 312.287 euros, muy lejos de los 4,1 millones solicitados por la entidad y algo menos de los 957.402 euros que ha fijado la Comisión Provincial de Expropiaciones, un órgano independiente cuyos miembros son nombrados por la administración autónoma y que se encarga de fijar el justiprecio de las expropiaciones forzosas cuando hay litigio.

El Ayuntamiento entiende que la valoración conforme a la ley es la que ha realizado el servicio de expropiaciones municipal, por lo que hoy jueves, en la reunión del consejo de administración de la Gerencia de Urbanismo, tienen previsto aprobar, por un lado, la hoja de apremio que fija el valor de la expropiación de dicha finca y, por otro, consignar el pago en la caja de depósitos de la Delegación de Economía y Hacienda, como paso previo al acto de ocupación de la finca expropiada.

Esta no es la primera operación de este tipo a la que se enfrenta el Ayuntamiento y el año pasado ya frenó en seco las pretensiones de otras tres entidades que habían comprado parcelas en la zona de Monte Sancha y Gibralfaro con la idea de obtener importantes beneficios al reclamar la expropiación.

Así, el dueño de Aifos, Jesús Casado, compró en 1999 una parcela en Monte Sancha de 11.000 metros por 480.409 euros, cinco años después le reclamó al Ayuntamiento la expropiación de dicha zona verde y tasó su valor en 21.320.171 euros, un 4.200 por ciento más. El Ayuntamiento lo tasó en 923.133 euros.

Un segundo caso es el de una parcela de 6.024 metros, en el Camino de la Desviación, en El Morlaco, adquirida en 2005 por 126.250 euros. Tres meses después los propietarios reclamaron su expropiación por 16.669.189 euros; el Ayuntamiento fijo el precio en 729.870 euros.

Un tercer caso corresponde a otra finca de la calle San Vicente de Paul en El Morlaco. La propietaria realizó la compra en 2004 y pagó por sus 8.818 metros 432.000 euros. Siete meses después, reclamó al Ayuntamiento 34,2 millones de expropiación. Finalmente, el Consistorio fijó el justiprecio en 952.269 euros.