El Gobierno de Mariano Rajoy arranca el año con un mal dato: más de 9.000 empleos destruidos al día, ya que el paro subió en enero en 177.000 personas hasta alcanzar los 4.599.829 desempleados, la peor cifra de un mes de enero desde 2009. A la espera de conocer el contenido íntegro de la reforma laboral que el ejecutivo del PP prevé aprobar el viernes 10 de febrero, la secretaria de Estado de Empleo y Seguridad Social, Engracia Hidalgo, trató de calmar ayer las aguas al asegurar que la partida para prestaciones por desempleo es «intocable» y que en los ejes de la reforma laboral que aprobará el Gobierno no se incluye la decisión de modificarlo.

Este anuncio y el acuerdo de mínimos que alcanzaron los sindicatos y los empresarios a finales de enero sobre moderación salarial son los únicos epígrafes que se conocen de la reforma laboral que aprobará por decreto el Gobierno del PP, y cuyo contenido despertó cierta inquietud entre los sindicatos y los partidos de izquierdas cuando se hizo público el comentario de Mariano Rajoy en la última cumbre europea de que la reforma laboral le costaría una huelga.

Durante la rueda de prensa para valorar los datos del paro registrado en enero, Hidalgo subrayó que, en este sentido, la única medida que se tomará irá dirigida contra el «fraude» y las personas que cobren prestaciones indebidamente. La secretaria de Estado insistió en que «quien tenga derecho a la prestación por desempleo la tendrá garantizada». A su juicio, es necesario «garantizar» que quien tiene derecho a cobrar esta prestación la cobre y si hay que incrementarla «se incrementará».

Respecto a la reforma laboral, señaló que por sí misma no creará empleo, pero que junto al resto de reformas que planea el Gobierno aumentará la confianza y ello contribuirá al crecimiento económico y la generación de puestos de trabajo. Para Hidalgo, el aumento del paro y la caída de la contratación ponen de relieve que las anteriores reformas no han modificado la tendencia a utilizar el despido como principal mecanismo de ajuste ante una caída de la demanda y que España lo usa de forma más intensamente que otros países.

Es éste uno de los capítulos que más recelo ha causado entre los partidos de la oposición y entre los sindicatos, ya que se desconoce qué hará el Ejecutivo del PP en materia de contratación y despido. Hidalgo valoró el acuerdo de moderación salarial alcanzado con patronal y sindicatos pero, pero respecto a la reforma laboral, eludió precisar detalles y se limitó a decir que el Gobierno hará «lo que deba hacer».