La crisis genera una alta tasa de empleo sumergido

JOSÉ VICENTE RODRÍGUEZ La crisis y el deterioro del mercado laboral han provocado que el fenómeno de la economía sumergida en Málaga presente actualmente cifras que duplican a las del inicio de la crisis, con casi 2.100 actas de infracción levantadas el pasado año 2011 por la Inspección de Trabajo y un importe de multas superior a los 3,6 millones de euros, además de un millón más en dinero recuperado (o en proceso de serlo) como ingresos para la Seguridad Social.

La hostelería, el comercio y la construcción son los sectores donde se producen un mayor número de irregularidades, según los datos facilitados a este periódico por la jefa de la Inspección, Mercedes Muñoz. Su departamento, dependiente del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, pilló este pasado año en la provincia a 1.441 personas que trabajaban sin estar dadas de alta con contrato (1.338 lo hacían por cuenta ajena y otros 53 como autónomos sin estar inscritos en el REASS).

Además, se descubrió a 662 malagueños que defraudaban algún tipo de prestaciones. El 87% de estos casos (casi 580) correspondieron al cobro indebido de la prestación por desempleo pero también hay casos de fraudes en la percepción de incapacidades temporales y permanentes, de pensiones o de subsidios agrarios.

Empresarios «defraudadores». Como curiosidad, decir que no todos los infractores son trabajadores, ya que en unos 300 casos los defraudadores son empresarios que cobraban indebidamente algún tipo de prestación. Por otro lado, y para el caso de las empresas que mantenían a trabajadores sin contrato, la multa no es inferior a los 6.000 euros, pudiendo llegar en supuestos como la reincidencia a montantes de más de 180.000 euros (aunque no sean frecuentes).

En el caso de las personas que cobraban indebidamente el paro, la penalización por sus irregularidades es devolver todo lo cobrado de la Seguridad Social en esos meses y sufrir además la suspensión de las prestaciones durante el tiempo que se estime oportuno, en unos plazos que van desde los seis meses a los dos años.

Muñoz, reconoce que un tiempo de crisis como el actual se presta a la multiplicación de casos de economía sumergida, aunque las cifras revelan que el fenómeno ya tiende a estabilizarse después de haber alcanzado máximos en 2009, cuando subió un 125% con respecto a 2008. Los datos de 2011 son, en este sentido, algo inferiores a los del pasado año.

Prevención de riesgos. La jefa de la Inspección en Málaga también mostró su preocupación por el hecho de que muchas empresas estén cancelando sus contratos con las firmas de prevención de riesgos laborales para ahorrar costes. En estos casos es la propia empresa la que directamente opta por desarrollar ellas mismas este servicio, una posibilidad legal que, sin embargo, podría abrir la puerta a un rebrote de la accidentabilidad laboral.

«Por ley pueden hacerlo si no superan un número determinado de empleados, pero la realidad es que no están especializadas en este ámbito y cuando llegan los inspectores descubren unos déficit tremendos. Al final pagan más en multas que en lo que les costaba la empresa de prevención», sostiene.

En el año 2011, la Inspección realizó más de 2.360 visitas para comprobar los sistemas de seguridad de las empresas, de las que salieron casi 500 actas de infracción con multas por valor de 1,4 millones de euros. Y se realizaron más de 5.900 requerimientos, es decir, avisos a las empresas para que corrigieran sus medidas de prevención, so pena de sanción.

LAS CLAVES

Detectan a 144 extranjeros trabajando sin tener papeles
La Inspección de Trabajo detectó en 2011 a 144 extranjeros que trabajaban por cuenta ajena sin tener los papeles necesarios para trabajar en España, con propuestas de sanción –para ellos y para los empresarios que los acogían– por valor conjunto de 1,2 millones de euros. Otros 11 extranjeros fueron localizados cuando trabajaban de forma irregular por cuenta propia, es decir, como autónomos. A ellos se les impusieron propuestas de multa por valor de 7.100 euros.

1.744 temporales pasan a ser fijos por ocupar puestos estructurales
La labor inspectora también ha permitido demostrar que 1.744 trabajadores con contrato temporal ocupaban en realidad un puesto estructural dentro de la empresa, por lo que les correspondía pasar a ser contratados como fijos. Además de hacer justicia con estas personas, la Inspección ha levantado 203 sanciones a empresas y ha puesto multas en este apartado por valor de 602.000 euros. Y es que aunque la reforma laboral permite ahora encadenar contratos temporales sin límite, otra cosa es que el puesto que desempeñan en la empresa sea coyuntural o estructural.