El plazo de presentación de candidaturas para aspirar a ser fiscal jefe de Málaga se cerró ayer con cinco certezas y una sorpresa: han dado un paso adelante Juan Carlos López Caballero, Julio Martínez Carazo, Francisco Luque, Javier de Torres, Juan Calvo-Rubio, nombres que estaban en todas las quinielas, y Pilar Vázquez, que ha mantenido cautela sobre sus aspiraciones hasta que presentó sus credenciales ante la Secretaría del ministerio público en Málaga. A falta de que se conozcan los nombres de aspirantes que ejercen fuera de la provincia, cuyo plazo de presentación de candidaturas concluye a finales de esta semana, las cartas están ya sobre la mesa. Por cierto, como adelantó este periódico Martínez Carazo ha decidido finalmente optar a la plaza, pese a haber mantenido silencio sus intenciones. Las fuentes consultadas al respecto no se equivocaron.

Factores. Una vez que el ramillete de nombres que optan a la jefatura de la Fiscalía de Málaga es público, hay una pléyade de factores que determinarán el nombre de quien encabezará la cuarta Fiscalía más importante del país tras Madrid, Barcelona y Valencia, al menos en número de efectivos.

El primero es la nueva sensibilidad conservadora del Ejecutivo del PP. Fuentes conocedoras de esta elección señalaron que «evidentemente el currículo que se busca es el de un acusador público conservador de carácter moderado y con un perfil muy profesional».

En principio, la mayor parte de los aspirantes cumplen con esta premisa, pues muchos de ellos están afiliados a la Asociación de Fiscales, de carácter moderado, que por cierto preside Francisco Jiménez Villarejo, fiscal Anticorrupción que intervino en el caso Minutas y cuyo nombre también se barajó como posible aspirante. Ésta es mayoría en el Consejo Fiscal frente a la izquierdista Unión Progresista de Fiscales. Los diez vocales votarán en las próximas semanas –no se ha dado una fecha concreta–, pero su fallo es meramente consultivo, por lo que el fiscal general del Estado, Eduardo Torres Dulce, puede optar por quien lo estime conveniente.

El criterio habitual que sigue la Asociación de Fiscales es apoyar al más antiguo (los aspirantes han de llevar más de diez años y ser, como mínimo, de segunda categoría), a lo que hay que sumar el currículum y el prestigio.

López Caballero. Juan Carlos López Caballero es el gran favorito. Su destacadísimo papel en Ballena Blanca o Malaya, su paso por Medio Ambiente y el hecho de haber sido el impulsor de la lucha contra la corrupción administrativa le hacen tener muchos apoyos dentro –y fuera– de la carrera. Cuando se eligió a Antonio Morales, fue el segundo candidato más votado. Su prestigio profesional es indudable.

Entre los aspirantes está también Juan Calvo-Rubio, fiscal de Medio Ambiente con un currículo intachable, sobre todo en lo que se refiere a la persecución del urbanismo salvaje. No le ha temblado la mano a la hora de sentar a alcaldes y ediles de cualquier signo político en el banquillo. Con prestigio entre sus compañeros y capacidad de gestión, es otro hueso duro de roer, como ocurre en el caso de Javier de Torres, fiscal de Seguridad Vial, quien, entre otras, logró la condena del kamikaze de calle Larios: posee capacidad de gestión y un currículum muy completo. Su hoja de servicios es buena y tiene el apoyo de muchos compañeros de la carrera.

Tres especialistas de Civil concurren en este proceso: Francisco Luque, fiscal de Protección a las Víctimas, con magnífica imagen, preparación y posibilidades; Julio Martínez Carazo, muy querido entre sus compañeros y con los apoyos suficientes –dentro y fuera de la carrera– como para tener opciones serias en la votación, también presentará batalla, mientras que la última en dar a conocer sus aspiraciones ha sido Pilar Vázquez, quien ejerce en Civil, y de quien destacan su buena imagen y «su capacidad de trabajo», según algunas fuentes. En unas semanas se conocerá el desenlace de este disputado proceso.