Más de 7.000 trabajadores, discapacitados, en su mayoría, podrían perder su puesto de trabajo en las próximas semanas si la Junta de Andalucía no abona el dinero que adeuda en concepto de subvenciones a los más de doscientos centros especiales de empleo de la comunidad. Según la confederación Feaps, los impagos, que ascienden a casi 8,5 millones de euros, han llevado a estas organizaciones, de carácter social, al borde de la quiebra, con tres amenazas de cierre ya confirmadas en la provincia de Málaga, donde operan alrededor de medio centenar.

De acuerdo con Matías Rodríguez, portavoz del colectivo, la deuda, que, en muchos casos, data de 2008, ha esquilmado los recursos de estos centros, que reciben bonificaciones por componer el grueso de sus plantillas con personas con discapacidad. «Será difícil que alguno continúe si no se produce un pago inmediato. La situación financiera es caótica», señaló.

Los centros, ligados, en muchos casos, a asociaciones sin ánimo de lucro, se movilizarán el próximo 2 de marzo frente a las delegaciones provinciales de la Junta para exigir el pago de los atrasos, que afectan, fundamentalmente, a la Consejería de Empleo. Si no se resuelven, anuncian, se convocará una nueva concentración, esta vez una semana más tarde, el día 9, frente a las dependencias centrales de la administración, en Sevilla.

Los impagos se acumulan desde hace algo más de un trienio. En algunos centros, como el que gestiona la Asociación Málaga en favor de Personas con Discapacidad Intelectual (Aspromanis), la administración adeuda, además, el dinero correspondiente a todos los salarios de la pasada anualidad. Un total de 140.000 euros, que, en una organización con 18 trabajadores, 13 de ellos con discapacidad severa, supone un duro golpe a su economía doméstica. «Hemos intentado subsistir con préstamos», señala Lina Ocaña, directora del centro.

Las asociaciones critican la falta de previsión de la Junta y su incapacidad, de momento, para hacer frente a los compromisos acordados en la legislación, que, en los últimos años, reforzó su número de ayudas para atender los retos de la crisis en la comunidad. «Es una pena que esto ocurra ahora, porque somos el colectivo más vulnerable en esta coyuntura», puntualiza Joaquín Fernández, presidente de la Federación de Asociaciones de Discapacitados Físicos y Orgánicos.

Para Matías Rodríguez, los impagos no sólo competen a Empleo, sino también a departamentos como Igualdad y Bienestar Social; un extremo que niega Adolfo Moyano, portavoz del PSOE en Frigiliana, que en una carta abierta a este periódico, se solidariza con la situación del Taller de la Amistad de Nerja, también en jaque por la deuda.

«Nadie puede permitirse que este proyecto acabe en fracaso, y mucho menos por culpa del impago de una administración socialista», escribió.

Moyano confía en que la Junta consiga reconducir la situación. La delegada provincial de Empleo, Susana Radío, aseguró ayer que el pago de la deuda es «una prioridad» para la Consejería. «Ha habido retrasos, pero hay crédito y se están tramitando los pagos», reseñó.

Los problemas se extienden a los diferentes centros de la provincia. En Fuengirola, el veterano centro de ayuda a discapacitados Fuensocial, que presta servicio a alrededor de 400 niños de la localidad y del resto de municipios cercanos, denuncia reiterados impagos. Su gerente, Manuel Jesús Martínez, explica que su presupuesto depende, casi exclusivamente, de fondos y subvenciones autonómicas. En Vélez Málaga, uno de las principales colectivos que sufre los retrasos en las subvenciones es la Asociación de Minusválidos de Vélez, Amivel, ya que al centro especial de empleo se le adeudan cerca de 206.000 euros, lo que complica el pago de las nóminas de los 22 trabajadores. También esta situación la sufre la Asociación Protectora de los Disminuidos Psíquicos de Vélez Málaga, Asprovélez, con 120.000 euros de atrasos en distintas ayudas.

En Rincón de la Victoria, la Asociación de Minusválidos de Rincón, Amirax, ha puesto en marcha recientemente un centro especial de empleo, en el que hay 4 trabajadores y un monitor para labores de mantenimiento de jardinería. Sin embargo, para empezar cuentan con la subvención municipal de 47.000 euros anuales «debido a los problemas por los atrasos de la Junta», señaló la presidenta del colectivo, María Ángeles Rodríguez.

En Ronda, por su parte, destacan los centros especiales de Asprodisis, de la Serranía y Accesibilidad Comarcal, que suman una deuda de 500.000 euros. Adipa, de Antequera, está a la espera de recibir los 320.000 euros que les adeuda la administración.