EUROCOPA
Caso Malaya

Un informe de las defensas concluye que la policía manipuló pruebas

La pericial analiza 26 soportes digitales intervenidos en Maras cuando estalló el caso

 05:00  

JOSÉ ANTONIO SAU Un informe pericial solicitado por siete defensas concluye que la prueba de cargo del caso Malaya, los archivos informáticos en los que el contable de Juan Antonio Roca consignó presuntamente las iniciales de los que pagaron y los que recibieron dinero, fue «indebidamente manipulada y alterada», según el estudio al que ha tenido acceso en exclusiva La Opinión de Málaga.

Las conclusiones de ese estudio coinciden con lo denunciado ayer en el juicio por el empresario Andrés Liétor, quien ya avisó de que de que presentará esa pericial ante la Sala: «Esas pruebas, esos archivos fueron manipulados por la policía el 29 de marzo de 2006, el 29 de mayo de 2006, el 13 de noviembre de 2007 y el 3 de noviembre de 2010, cuando llevábamos más de un mes de juicio».

Así, en relación a uno de los supuestos pagos a Roca, que éste negó, dijo que esa anotación posiblemente «la haya puesto la policía». La aseveración de Liétor, que se basa en ese informe cuya defensa solicitó, enfadó al fiscal Anticorrupción, Juan Carlos López Caballero, quien avisó de que esas manifestaciones son delictivas y amenazó con actuar penalmente contra quien acuse a la policía de esto. El presidente del tribunal, José Godino, le dijo que debía ser consecuente con lo que pueda venir, y consideró que esas expresiones no fueron acertadas.

El informe en cuestión ha sido efectuado por dos prestigiosos peritos informáticos y fue solicitado por las defensas de Andrés Liétor, Marisol Yagüe, Julián Muñoz, Roca, Fidel San Román y Javier Arteche, entre otros. El mismo fue emitido el 20 de agosto del año pasado, y en él los expertos en informática forense examinan hasta 26 soportes digitales (ordenadores, discos duros externos, lápices digitales y disquetes) intervenidos en la mañana del 29 de marzo de 2006 en las oficinas marbellíes de Maras Asesores, la empresa en la que el supuesto contable del exasesor de Urbanismo, Salvador Gardoqui, consignaba las iniciales de los empresarios que presuntamente pagaron los sobornos exigidos y las de los ediles que se prestaron al juego. Ésta es la prueba de cargo de la acusación.

El estudio, de 87 páginas, determina que «no existe certeza de que cualquiera de los 26 referidos soportes informáticos, hallados e incautados durante el registro de la sede de Maras, hayan llegado al tribunal de enjuiciamiento al momento del juicio oral con las necesarias garantías de identidad e integridad».

La primera conclusión es que «no se siguieron ninguno de los protocolos de actuación establecidos para el tratamiento de las pruebas electrónicas, no se precintaron éstas, ni se les dotó a los archivos informáticos contenidos en los soportes electrónicos de mecanismo alguno que garantizara su autenticidad, integridad e identidad».

En segundo lugar, no se creó, siempre según los peritos, «la cadena de custodia» ni ésta continuó hasta su llegada al tribunal, «por lo que no se puede tener la certeza de su correspondencia, identidad e integridad con las piezas de convicción que obran en el juicio».

«No se copió la totalidad del contenido de los soportes informáticos intervenidos y sólo se efectuó un copiado parcial de algunos archivos, imposibilitando con ello que las distintas partes del procedimiento, y los peritos que realizamos este informe, hayamos podido examinar el contenido original e íntegro de las evidencias incautadas y halladas en el registro de Maras el 29 de marzo de 2006», añaden.

«Sustituidos». Por otro lado, determinan que las copias de los datos que se hicieron del disco duro interno conocido como Barracuda y de otro de la marca Fujitsu «que obran en el tribunal como piezas de convicción, fueron sustituidos por otras copias realizadas en fechas de 13 y 14 de noviembre de 2007». Ambos informáticos, que poseen extensos currículos, forman parte de la Asociación de Peritos Judiciales de Andalucía.

Andrés Liétor se enfrenta a 22 años de prisión por el supuesto pago de en torno a seis millones de euros a Roca. El interrogatorio efectuado por su defensa, única a la que ha contestado, tuvo momentos de tensión y el fiscal llegó a decir que el acusado le sacó «de quicio».

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