La Dirección General de Instituciones Penitenciarias concedió el pasado mes de noviembre el tercer grado al exadministrador de una sociedad de valores que se apropió de más de un millón de euros de numerosos pequeños inversores que confiaron en su mercantil. El encausado fue sentenciado a principios de 2009 a seis años de prisión por apropiación indebida, aunque el delito data de 1989. Comenzó a cumplir su pena a finales de julio y obtuvo el tercer grado a mediados de noviembre, por lo que sólo ha estado tres meses entre rejas, reconocieron fuentes penitenciarias.

Fue un escándalo muy sonado a finales de los noventa: la sociedad era Nevalsa, y su administrador A. E. H. Según se declara probado en la sentencia del Tribunal Supremo, fechada en septiembre de 2010, la sociedad se creó en diciembre de 1989. Él comenzó « a captar clientes que pudieran invertir su dinero por medio de la entidad», ubicada en la capital. Éstos firmaban un contrato en cuya virtud «concedían a Nevalsa un mandato a fin de que ésta, en su nombre, pudiese comprar y vender títulos mobiliarios». Así, el acusado adquirió diversos inmuebles «que tituló a su propio nombre y al de su mujer», además de terrenos en Guadalajara y cinco casas en una urbanización de Marbella.

«El acusado, que sólo invertía en títulos valores parte de lo recibido, enviaba a los clientes extractos informativos que no se correspondían con la realidad». Finalmente, fue sentenciado a seis años de cárcel por apropiación indebida.

Varios afectados alertaron a este periódico de lo ocurrido, lo que fue confirmado finalmente por fuentes penitenciarias. Los hechos datan de 1989, el juicio se celebró en octubre de 2008 y la sentencia de la Audiencia Provincial es de enero de 2009. Es decir, la vista se produjo casi 19 años después de lo acaecido, por lo que, según fuentes penitenciarias, se tuvo en cuenta la atenuante de dilaciones indebidas.

Trámites. Las mismas fuentes confirmaron que el sentenciado, tras 19 años en libertad, se personó voluntariamente en la prisión de Alhaurín de la Torre el pasado mes de julio para cumplir la pena. El tercer grado se le propuso en agosto y fue concedido por Instituciones Penitenciarias en noviembre.

Además del tiempo transcurrido entre el delito y la condena del Supremo, veinte años, se tuvo en cuenta su personación voluntaria, el hecho de que estaba enfermo, su avanzada edad, 63 años, y que «en cuanto a la responsabilidad civil, se valoró en sentencia el embargo de varios bienes de su propiedad», señalaron las fuentes penitenciarias que confirmaron lo denunciado por algunos de los afectados.

Así, añadieron que la responsabilidad total era de 178 millones de las antiguas pesetas, y ésta se está ejecutando sobre sus bienes. Varios afectados están indignados por el tercer grado, que está cumpliendo en el Centro de Inserción Social (CIS).

Las fuentes no supieron precisar si el encausado acude al centro a dormir sólo de lunes a miércoles o si, por el contrario, está cumpliendo su condena con una pulsera telemática.