Una reciente sentencia del Tribunal Supremo, que aclara la propiedad de los terrenos por los que debe discurrir la prolongación del paseo marítimo de poniente, contradice la versión que el Ayuntamiento de Málaga y la concejala de Playas, Teresa Porras, mantuvieron en 2009. La versión oficial del Ayuntamiento fue que habían puestos los terrenos a disposición» del Ministerio de Medio Ambiente para que iniciará las obras y lo responsabilizaron de «incumplir con Málaga» por no empezar la prolongación del paseo marítimo.

La polémica aumentó cuando el Ayuntamiento colocó una valla que costó 4.800 euros y que acusaba al Ministerio de «no cumplir con Málaga», lo que provocó una crispada polémica entre el PP y el PSOE.

Ahora la sentencia del Tribunal Supremo deja claro que la propiedad de esos terrenos «es indiscutiblemente de Zafra», una de las empresas que pleiteaba por su propiedad. En consecuencia esos terrenos nunca pudieron ser puestos por el Ayuntamiento de Málaga a disposición del Gobierno, ya que entonces y ahora son propiedad privada y no han sido aún expropiados.

La cuestión quedó aclarada ayer en el transcurso del consejo de la Gerencia de Urbanismo, que conoció dicha sentencia del Supremo.

En el transcurso de la reunión la portavoz del PSOE, María Gámez, pidió aclaraciones sobre el asunto y el gerente

de Urbanismo le reconoció que «efectivamente esos terrenos no se pusieron nunca a disposición del Ministerio porque no se pudieron expropiar». El gerente, según explicó Gámez, aseguró que ahora habrá que retomar el proceso expropiatorio por lo que pasará un tiempo hasta que el Ayuntamiento disponga de esos suelos. Gámez añadió que el propio delegado de Urbanismo, Diego Maldonado, presente en la reunión, «corroboró por asentimiento las palabras del gerente».

María Gámez aseguró que «hemos descubierto hoy fielmente que el Ayuntamiento mintió cuando planteó la disputa política sobre esos suelos» y acusó a la concejala de Playas de «utilizar el presupuesto municipal y los argumentos políticos a sabiendas de que eran erróneos» para colocar la valla.

Una valla. En marzo de 2009, la concejala Teresa Porras desató la polémica cuando acusó al Ministerio de no querer ejecutar las obras del paseo marítimo. La edil afirmó que «el Ayuntamiento le comunicó a la Demarcación de Costas la disponibilidad de los terrenos de la Térmica el 7 de marzo de 2007» y añadió que en este asunto «sólo se han esforzado el Consistorio y los ciudadanos; el Gobierno no ha movido ni un papel».

Porras recibió el respaldo del alcalde, que insistió en que los terrenos habían sido puestos a disposición del Ministerio y criticó «la desidia» del Gobierno. El PP llegó incluso a impulsar la presentación en el Congreso de una proposición no de ley para que el Ministerio accediera a la prolongación del paseo, proposición que fue aprobada y que permitió la retirada de la valla, todo ello a pesar de que la Dirección General de Costas aseguró oficialmente que no tenía los terrenos que el Ayuntamiento de Málaga decía que les había entregado.