La aplicación de la ley de Costas, vigente en el ordenamiento español desde 1991, ha alternado periodos de aspereza con fases de profunda molicie, de apenas repercusión. Sus inicios estuvieron marcados por la necesidad de reconvenir las actuaciones que ponían en tela de juicio la titulación pública de los metros más escorados del litoral; se aprobaron derribos, se exhortó a establecimientos a apurar sus dimensiones. Después, se relajó la norma, que volvió a encresparse a partir de incluirse entre las competencias de arbitraje del Ministerio de Medio Ambiente, justamente cuando se afiló la polémica de los chiringuitos, hace apenas tres años.

El mayor celo de la administración se explica, en buena medida, en el cambio de sensibilidad europea y la proyección de los desmanes urbanísticos. La norma endureció su ánimo corrector, si bien se enfrentó a situaciones de difícil atajo jurídico, especialmente en lo que respecta a las construcciones elevadas con la norma en vigor e, incluso, a la que la precedieron, como las casas pesqueras de El Palo, La Araña o Pedregalejo, edificadas, en muchos casos, a finales del siglo XIX.

El camino de la aplicación de la ley de Costas es, sin duda, desigual. Los expertos acusan de desidia histórica a la administración. Francisco Segura, portavoz de Ecologistas en Acción, pone fechas a la aseveración. «Cuando se aprobó la ley hubo un plazo de cinco años para completar el deslinde. Han pasado más de veinte años y todavía sigue pendiente», informa.

Este es, precisamente, uno de los motivos por los que los vecinos de Pedregalejo y El Palo dudan de que el desajuste, del que llevan pendientes varias décadas, pueda resolverse con inmediatez. Sus representantes, Adolfo García y Santiago González, respectivamente, apuntan a la necesidad de aclarar la delimitación. «Hay tramos, como el que une los Baños del Carmen con la playa de Las Acacias que todavía carecen de deslinde», señala.

En 2010, la demarcación de Costas, el Ayuntamiento y los vecinos se reunieron para tratar de dar una solución a la situación de las casas de las barriadas. Según el acta de la reunión, a la que tuvo acceso este periódico, se determinó un procedimiento para que los vecinos consiguieran la titularidad privada del terreno público en el que se asientan sus viviendas. Un proceso dividido en tres pasos: el nuevo deslinde, que debía ratificar los anteriores, la desafectación del suelo de las casas y la venta, por parte del Estado, del suelo en cuestión. El expediente sigue su curso en la administración.