La Confederación de Empresarios de Málaga (CEM), tras estudiar la información facilitada por el Gobierno al finalizar el pasado Consejo de Ministros del 2 de marzo y una vez publicado en el BOE del Real Decreto relativo al pago a los proveedores de los ayuntamientos españoles deudores, ha valorado positivamente esta decisión gubernamental por cuanto supone un importante alivio para las empresas acreedoras de estas Administraciones.

Antes del 15 de marzo, los ayuntamientos deberán presentar la lista de facturas pendientes de pago a fecha de 31 de diciembre de 2011. Si no lo hacen, el Estado les embargará automáticamente su participación en los tributos. Así, a partir de mayo se dispondrá de 18.000 millones de euros para saldar las facturas pendientes de pago y se espera que una cantidad similar se destine para el pago de las comunidades.

Aunque el procedimiento de préstamos es complejo, no lo van a soportar los proveedores, que cobrarán directamente las facturas de las entidades financieras y no tendrán que asumir los intereses de la operación, que sí asumirán los ayuntamientos. Los problemas empiezan con los criterios de priorización de los pagos y la aceptación de las quitas y concreción de los intereses de demora, gastos y costas de reclamación acumulados por parte de los acreedores, lo que planteará grandes problemas a éstos, que verán reducida la cantidad que percibirían.

Éste es el principal aspecto negativo y que CEM entiende que está pendiente de definirse con claridad, porque si estas cantidades están contabilizadas como ingresos podrían provocar pérdidas y, además, al tratarse de una renuncia voluntaria la Administración tributaria podría dudar de que sean deducibles fiscalmente; además de constatar que el empresario sí paga intereses de demora y, por supuesto, la Administración no practica quitas a las deudas que los ciudadanos contraen con ellas.

Durante los dos primeros años, ayuntamientos y comunidades cuentan con la opción de carencia respecto al pago únicamente de los intereses, no del capital principal. Al término de este periodo, estas administraciones tendrán 10 años para devolver el capital principal junto con el interés fijado. Las entidades financieras recibirán todos los fondos en cinco años.

A partir de ahora, las administraciones tendrán que pagar puntualmente sus obligaciones. Esto es lo que CEM ha reclamado repetidamente en los últimos años, e incluso ha organizado jornadas sobre morosidad pública y cómo cobrar de las administraciones.

De hecho, CEM ha evaluado en unos 500 millones de euros el monto total de la deuda de las administraciones públicas con los distintos proveedores en Málaga. Deuda que, de hacerse efectiva, supondría un incremento de más del 1,5% del PIB provincial y que significaría un importante «balón de oxígeno» para miles de pymes y autónomos.

Los análisis de CEM recogen casos de muchas empresas que han cerrado porque no cobraban las deudas de administraciones, provocándose así una importante destrucción de empleo, hoy el principal problema nacional. En este contexto, la decisión del Gobierno supone un importante paso para la normalidad entre proveedores y administraciones.