La falta de avances tangibles y los continuos anuncios expedientes sancionadores han terminado por abatir a la principal representante de las más de 80.000 casas irregulares que existen en la provincia de Málaga. La presidenta de la Asociación Provincial de Viviendas Irregulares, María del Mar Vázquez, se muestra clara y contundente sobre la solución a esta problemática: por un lado, el decreto de regularización de la Junta de Andalucía «no sirve para nada» y, por el otro, la solución sólo la pueden aportar ellos mismos «porque no confiamos en los políticos».

¿Cómo sigue todo tras la aprobación del decreto de regularización propuesto por la Junta?

Sigue todo igual de enmarañado. El decreto no está sirviendo para nada más que para resolverle la papeleta a aquellos alcaldes que concedieron licencias en suelo no urbanizable.

¿Por qué?

Porque sigue sin darnos solución a los afectados pero sí aquellos que son corresponsables de que hayan casas en el campo. El decreto no permite desbloquear la calificación de protección territorial de los asentamientos ya consolidados que define la Ley de Ordenación del Territorio de Andalucía (LOUA) y, así, es imposible regularizar nada porque lo que viene a decir es que todo los terrenos declarados de protección están vírgenes cuando, en realidad, tienen miles de casas y, en muchos casos, desde hace siglos. Es decir, ni siquiera nos recogen en los mapas.

¿Cómo es eso posible?

Yo pienso que no se puede hacer algo tan serio, como la LOUA desde un despacho de Sevilla. Desde la Consejería de Ordenación no se han preocupado por conocer la realidad de nuestros asentamientos que, insisto, en muchos casos vienen de siglos. Han cogido un mapa y no han considerado a las personas que estábamos dentro. De hecho, esta semana me llamaron del Colegio de Arquitectos de Sevilla, dentro de los estudios que están haciendo para saber lo que está pasando con las viviendas irregulares en Málaga y se han quedado muy sorprendidos. Ellos dicen que allí no están teniendo ningún problema en comparación con nosotros y no entiende el descontrol urbanístico que durante años ha existido en nuestra provincia. Yo digo que todos, y cuando me refiero a todos es desde el propietario y el gobernante que ha permitido construir en el campo, somos culpables de ese descontrol. Pero que, dado lo que hay, tenemos que partir desde ese punto y encontrar una solución real, legal y justa.

¿Está diciendo que se borre todo y empecemos de cero?

No, para nada. Los que hemos construido en terrenos donde no se podía queremos pagar lo que nos hemos ahorrado: licencia de obra, de primera ocupación, etc. Y, en eso, estamos todos de acuerdo, pero me refiero a que hagamos un planeamiento verdadero contando con lo que ya existe. No que se nos obvie porque, además, tenemos varios casos de personas que tienen expedientes de derribo y, encima, se les está cobrando el Impuesto de Bienes Inmuebles.

En Mijas, por ejemplo, han planteado regularizar por sectores a base de modificaciones de elementos ¿Es una posible solución?

Volvemos a lo mismo. Si la LOUA no permite desbloquear la calificación de espacio protegido, ¿cómo vamos si quiera a empezar a trabajar así? Yo creo que, ésta en concreto, no es la solución.

¿Es insolucionable entonces?

No.Yo creo que lo primero es que nos reconozcan sobre el papel y que nos plasmen en los planeamientos, pese a que todos lo hicimos mal, por lo que habrá que modificar la LOUA. Ya hemos presentado muchas veces esa propuesta pero no confiamos en que los políticos lo resuelvan. Llevamos muchos años tratando de hacerlo y seguimos igual o peor. Conozco casos de ancianos que heredaron las casas de sus padres y que tienen depresión porque no entienden que su casa sea, de repente, ilegal y la quieran derribar. Esta situación dura ya demasiado. Un problema social enorme y al que las administraciones competentes parecen insensibles muchas veces. Es más, en muchas ocasiones se nos ha tratado como a verdaderos delincuentes. Seguiremos trabajando por nuestra cuenta porque de los políticos ya no esperamos ninguna solución, independientemente del partido o ideología que sea.

¿Qué le diría a un ciudadano que sea ajeno a este problema?

Pues que somos unos vecinos más. Cada uno con su ideología, con sus problemas personales, laborales y familiares. Muchos de nosotros compramos unos terrenos y quisimos vivir aquí junto a otros que ya lo venían haciendo desde hace años. No hemos cometido ningún delito y estamos dispuestos a pagar lo que no hemos pagado pero, al fin y al cabo, sólo buscamos tener nuestra vivienda, como cualquiera.