La criba para formar parte del equipo de Gobierno español sólo exige cuatro requisitos a los aspirantes, «tener nacionalidad española, ser mayor de edad, disfrutar de los derechos de sufragio activo y pasivo» y por último, según reza el artículo 11 de la Ley, «no estar inhabilitado para ejercer empleo o cargo público por sentencia judicial firme».

La aparente facilidad para llegar a un cargo de estas características puede convertirse en un arma de doble filo. Por un lado, garantiza los derechos fundamentales de los españoles y por otro, siembra ciertas dudas sobre la preparación de nuestros políticos.

Una semana polémica en este sentido. El PSOE acusa a la Diputación de Málaga de haber costeado dos cursos de alta dirección a Francisco Oblaré y Ana Carmen Marta, primer y tercera vicepresidentes, mientras que el PP defiende que estaban «presupuestados» y que lo «realmente grave en todo esto», es el «millón y medio de euros procedentes del fondo de reptiles que obtuvieron altos cargos socialistas» para su formación, según defendió el portavoz de los «populares» malagueños, Francisco Salado.

«Entendemos que un curso de alta dirección es un curso enfocado a políticos fundamentalmente», aunque según aseguró Salado, las ayudas para este tipo de estudios también se ofertan a «funcionarios» del ente provincial y en general, «a todo el mundo».

«Es necesario que tengamos políticos formados que respondan a las necesidad que van surgiendo en la sociedad», aseguró el portavoz del PP, quien reconoce que muchos de los miembros de su partido pasaron por la Fundación San Telmo por las garantías que ofrece la institución y porque es algo «completamente legal y habitual», puesto que está «recogido en el presupuesto de la Diputación, con transparencia», explicó Salado. Además de Elías Bendodo, presidente del organismo supramunicipal, otros muchos políticos malagueños pasaron por las aulas de San Telmo, entre los que cabe destacar a la concejala de los distritos de Ciudad Jardín y Centro, María Victoria Romero y Gemma del Corral, respectivamente o al concejal de Seguridad, Julio Andrade, entre otros.

Pero la polémica aumentó cuando el PP denunció que la Junta de Andalucía pagó cursos de alta dirección a cargos del PSOE –delegados provinciales del Gobierno autonómico y alcaldes socialistas– con cargo al dinero del fraude de los ERES. Salado explicó que entre 2004-2008 la Consejería de Empleo pagó, a través de las agencias IFA e IDEA un total de 1.052.000 euros a unos 200 cargos socialistas de la región en centros privados como el instituto San Telmo de Málaga.

Esta denuncia no tuvo respuesta por parte del PSOE, que mantuvo sus dardos contra su denuncia en la Diputación. «La prioridad de este organismo o de cualquier institución pública ahora mismo no debería ser la formación de sus dirigentes», criticó por su parte el portavoz del PSOE. En este sentido, Francisco Conejo destacó que la precariedad económica que sufren las instituciones actualmente, debería servir para darle preferencia a otros aspectos como la cobertura de los servicios sociales de los ciudadanos. Conejo se cuestionó además la relación que puede «existir» entre el Instituto San Telmo y el Ayuntamiento de Málaga, donde muchos de sus gobernantes «han realizado estos estudios de forma completamente gratuita».

En los últimos meses y muy especialmente, tras el cambio de gobierno español, mucho se ha especulado sobre la necesidad de ser dirigidos por un equipo de tecnócratas u optar por la clase política. Tener una licenciatura no es un requisito imprescindible para optar a un cargo de responsabilidad, tal y como demostraron los exministros de Fomento y Educación, José Blanco y José Montilla, respectivamente. Tampoco la malagueña Celia Villalobos precisó de un título para acceder a la vicepresidencia del Congreso de los Diputados.

En el caso malagueño, si consultamos las fichas de los políticos, la gran mayoría aseguran haber concluido sus carreras. Entre las preferencias, destaca Derecho y especialidades relacionadas con la Economía. Éste es el caso de Elías Bendodo o Carolina España, -actualmente en el Congreso de los Diputados-, en representación del bando «popular» o María Gámez , al frente de la oposición socialista.

Otros políticos sin embargo se decantaron por el estudio de las ciencias, como es el caso de la ya exdelegada del gobierno andaluz en Málaga, Remedios Martel, licenciada en Farmacia o el concejal de Movilidad, Raúl López, que hizo lo propio en Ciencias Químicas. Algunos como el número 2 al Ayuntamiento en la lista del PSOE, Carlos Hernández Pezzi, finalizaron sus estudios en Arquitectura y otros como el propio alcalde, Francisco de la Torre, lo hicieron en Agronomía y Sociología.