Seis acusados en relación con el accidente laboral ocurrido en 2004 en la estación de bombeo de aguas residuales de la capital malagueña, encargada a una sociedad por la Empresa Municipal de Aguas (Emasa), mostraron ayer su conformidad con la acusación del ministerio fiscal, que modificó sus conclusiones provisionales, rebajando la pena solicitada.
Los hechos sucedieron en abril de dicho año. Dos trabajadores bajaron a cinco metros del recinto. Uno de ellos retiró arena, mientras que previamente se habían limpiado los restos de fangos, acciones ambas que posibilitan la liberación de gas. Sin haberse realizado mediciones, al poner en marcha el trabajador fallecido la radial y con las primeras chispas se produjo un incendio.
El fuego afectó a los dos empleados, uno de ellos resultó con quemaduras de segundo y tercer grado en el 43 por ciento de su cuerpo y falleció por la gravedad de estas heridas, mientras que el otro sufrió quemaduras de la misma consideración en el 25 por ciento de su cuerpo, según se explicaba en las conclusiones iniciales del fiscal.
La vista se celebró en el Juzgado de lo Penal número 5. La acusación pública retiró la acusación para uno de los siete procesados, al haber acreditado la empresa contratada por Emasa que éste era ajeno a dicha sociedad en el momento de los hechos, por lo que este procesado fue absuelto de los delitos de homicidio y lesiones imprudentes y contra los derechos de los trabajadores.
El fiscal rebajó las penas solicitadas para el resto, al estimar que los perjudicados fueron indemnizados y las dilaciones en la causa. Así, para el entonces director de Recursos Humanos de Emasa y el jefe de obra de la otra empresa, acusados de homicidio y lesiones imprudentes y contra los derechos de los trabajadores, pidió 10 meses y medio de prisión y tres meses de multa.
Respecto a los otros cuatro hombres, acusados todos de los delitos de homicidio y lesiones imprudentes, solicitó siete meses y medio de cárcel para cada uno. En todos los casos, la Fiscalía malagueña retiró la petición que hacía de responsabilidad civil y suprimió, además, la petición de penas de inhabilitación para el ejercicio de sus profesiones.
Las defensas se mostraron conformes y solicitaron la sustitución de las penas de prisión por multa, por lo que el magistrado informó a los dos primeros acusados de que la pena impuesta sería de multa de 7.200 euros y a los otros cuatro procesados, de 4.500 euros, requiriéndoles a que tendrían que abonar la cantidad en el plazo de 30 días.
Todos los acusados mostraron su conformidad con estas peticiones de la Fiscalía malagueña, dictándose sentencia de conformidad, firme, ya que tanto la acusación pública como las defensas de los procesados aseguraron que recurrirán la resolución.
