Tribunales

Archivan el caso de una narco polaca imputada por encubrir un asesinato

Fue detenida por su supuesta participación en la muerte a tiros de otro narcotraficante en Valencia

 
El coche en el que se localizó el cuerpo de Knezevic.
El coche en el que se localizó el cuerpo de Knezevic. Carlos Plá

JOSÉ ANTONIO SAU El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Carlet (Valencia) ha sobreseído provisionalmente las actuaciones contra una presunta narcotraficante polaca por un delito de encubrimiento relacionado con el asesinato a tiros de otro narcotraficante montenegrino en la localidad valenciana de Almufases el 24 de agosto de 2009. La mujer, R. M. B., fue detenida en la urbanización marbellí de Palm Beach a finales de septiembre de 2011.

El cadáver de Djordje Knezevic fue hallado dentro de su coche con un tiro en la cabeza y quemado en agosto de 2009. En abril de 2010, fue arrestado un exsocio del fallecido, y en octubre de 2011 R. M. B., una mujer que tenía relación con algunos de los responsables de la organización del fallecido, aunque sólo se le imputó de encubrimiento. Los autores materiales del acto violento siguen en busca y captura. La principal hipótesis policial es que el montenegrino murió a manos de sus propios compañeros de red, aunque esto no se ha podido determinar. Eso sí, fuentes judiciales reconocieron que los agentes se están centrando «en el entorno de la víctima».

La detención de la polaca en Marbella corrió a cargo de la Guardia Civil, aunque el requerimiento inicial partió del Grupo de Homicidios de la Comandancia de Valencia.

Los investigadores valencianos habían identificado a la sospechosa hacía meses, pero la localizaron poco antes de su arresto. Logró ocultarse utilizando supuestas identidades falsas. Tras prestar declaración, quedó en libertad con cargos –encubrimiento y falsedad–, pero fue encarcelada por orden de la Audiencia Nacional, que la buscaba entonces, a instancias de la justicia alemana, por narcotráfico. Ahora, está entre rejas en una prisión teutona por su supuesta participación en una red de tráfico de cocaína.

Su abogada, Inés Barba Novoa, presentó en el juzgado instructor un escrito en el que combatía la imputación de su defendida, y aseguraba que entre ésta y el finado había una relación de amistad. Entre otras cosas, la letrada resaltaba la colaboración de su patrocinada tanto con la Guardia Civil como con la instructora.

El día de autos, acompañó al asesinado a Altea a una reunión, encuentro que éste abandonó, según el escrito, el primero. En su opinión, la detención de la ciudadana polaca fue prospectiva y sólo se fundamentó en ciertas llamadas que la arrestada hizo para interesarse por lo ocurrido.

En el auto, la juez asegura que «de lo actuado, no aparece debidamente justificada la perpetración del delito que ha dado motivo a la formación de la causa». No hay encubrimiento pues no intervino con posterioridad a la ejecución del crimen ni auxiliando a los autores o cómplices para que se beneficien del «provecho, producto o precio del delito», ocultando, alterando o «inutilizando el cuerpo» ni ayudando a los responsables a eludir la investigación».

Eso sí, el juzgado valenciano se inhibe en favor de los órganos jurisdiccionales de Estepona en los cargos de falsedad documental y usurpación del estado civil que se imputan a la investigada.

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