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Juzgado de guardia

Leyes que amparan al prófugo

 

JOSÉ ANTONIO SAU Es triste que Carlos Fernández, uno de los principales imputados en el caso Malaya, no se encuentre sentado entre sus compañeros de corporación para responder de sus delitos, como también es lamentable que hayan escapado a la acción de la justicia Francisco Javier Lendínez o el empresario Llorca, en el mismo sumario, y Esteban Guzmán en el caso Minutas. Estas huidas, en concreto, han puesto en tela de juicio las medidas cautelares imperantes en le Ley de Enjuiciamiento Criminal española y han abierto el debate sobre si hay que endurecerlas pese a llevarse por delante cierta parte, alejada de la zona nuclear, por supuesto, del derecho a la presunción de inocencia. Y también han puesto sobre la mesa la necesidad de endurecer y alargar el periodo de prescripción de determinados tipos penales. Más allá de dónde se encuentre el superviviente Carlos Fernández, posiblemente en Argentina, la pregunta para el ciudadano está clara: ¿cómo es posible que uno de los principales protagonistas de una de las mayores tramas de corrupción de España pudiese huir con semejante cerco policial? Y otra: ¿es lógico que la malversación de caudales, uno de los ilícitos que se le imputan, prescriba a los diez años? El caso es peor para otros delitos, cuya vigencia punitiva expira a los cinco años. Ello se concreta después en groseras imágenes del prófugo de que se trate llegando a un aeropuerto para disfrutar de lo que se llevó y sin que nadie le diga ésta boca es mía.

Son imágenes como ésa, precisamente, las que la justicia debe evitar, porque se propaga la errónea idea de que no todos somos iguales ante la ley, y se le dice al ciudadano que al que no tiene medios sí se le castiga, pero el que puede coger un avión en el momento oportuno, se libra de la reprimenda.

Una oportuna reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en relación con las medidas cautelares (apud acta) y la reforma de la prescripción, contemplada en el Código Penal, en el sentido de endurecer los periodos son planteamientos necesarios para proteger la democracia de comportamientos corruptos, logrando ejemplaridad en la respuesta a estos grupos que, no lo olvidemos, socavan con su inicua actividad los cimientos mismos de la democracia. En 2016, el exedil marbellí estará exento de culpa, por la cara, y no habrá respondido por los delitos cometidos. Reformemos las leyes que amparan al prófugo.

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