El presidente del Tribunal del caso Malaya, José Godino, está empeñado en imprimir una mayor velocidad de crucero al juicio, que ha alcanzado ya los 18 meses de duración, y por ello ha pedido a las defensas y a las acusaciones que entreguen sus informes finales por escrito con objeto de que el tramo final del procedimiento, el de los alegatos, no eternice aún más una vista que en un principio debía durar, como mucho, un año. Es sólo una petición, no una orden, pero su reflexión ha sido acogida favorablemente por gran parte de los letrados que tienen empantanados sus despachos con un asunto tan largo y complejo.

La idea está clara: en julio el proceso habrá alcanzado los 22 meses de celebración ininterrumpida, pero el presidente no quiere renunciar a esa fecha final que ya adelantó La Opinión de Málaga el pasado 26 de enero. A principios de año ya reclamó a las partes que renunciaran a los testigos que no fueran esenciales, ya que las 95 defensas y las cuatro acusaciones (Fiscalía Anticorrupción, Ayuntamiento de Marbella, Junta de Andalucía y Hacienda) solicitaron la comparecencia para este último bloque de los sobornos, el corazón de Malaya, de más de 530 peritos y testigos. Esta cifra se ha reducido a menos de 500, pero siguen siendo muchos.

Si se tiene en cuenta además que aún no han terminado de declarar los 56 acusados en este bloque –han comparecido poco más de treinta–, la fecha final elegida por Godino para hacer mutis por el foro peligra si los protagonistas de la historia no colaboran.

Este periódico pudo saber que una defensa se está encargado de extender entre sus compañeros la petición de que entreguen sus informes finales por escrito, y lo mismo se hará con las acusaciones. Ello supone no sólo un considerable ahorro de tiempo, sino que el tribunal podrá deliberar con más comodidad y autonomía de reflexión.

Cada informe final puede acaparar una sesión al completo, lo que quiere decir que, si hay 99 partes, este trámite podría alcanzar los 100 días de vista como mínimo, porque el alegato de Anticorrupción, que abarca a todos los acusados, debería alargarse varias jornadas. Como el de Roca.

El hecho de que se entreguen por escrito los informes finales no quiere decir que no vayan a verbalizarse los alegatos: «Se apela a la voluntad de las defensas para que informen por escrito, pero éstas podrán hacer una exposición oral destacando las pautas generales de su estrategia», indican las fuentes consultadas, que defienden, además, que así «se evitará más retraso en el plenario y se podrá acabar en julio casi con seguridad sin tener que habilitar los jueves y los viernes, además de los lunes, martes y miércoles, ni recurrir a las tardes.

Ello significa que el presidente del Tribunal y ponente pueda ponerse a redactar su propuesta de sentencia en agosto, un fallo que estará, como mínimo, en seis meses, y que requerirá miles de folios (Ballena Blanca o Minutas necesitaron más de 500).

Hasta hoy se han celebrado 145 sesiones, por lo que de no aceptar las defensas la petición de Godino el trámite de alegatos podría suponer una tercera parte de un proceso demasiado largo. En las últimas semanas, ha habido cierta preocupación por el hecho de que los interrogatorios de los acusados estén acaparando más tiempo del previsto, aunque si los letrados renuncian a más testigos y peritos superfluos y el periodo de alegatos se rebaja en un tanto por ciento importante el barco habrá llegado a buen puerto.