La Operación Arcos que investiga la construcción de viviendas en suelo no urbanizable en Alcaucín (Málaga) comenzó el 27 de febrero de 2009 con la detención del entonces alcalde, el socialista José Manuel Martín Alba, y de otras doce personas, entre ellas dos de sus hijas, y suma hasta ahora casi medio centenar de imputados.
En relación con este caso, que instruye la titular del Juzgado de Primera Instancia número 3 de Vélez-Málaga, Irene Urbón, han sido detenidos hoy por la Guardia Civil al menos siete funcionarios de segundo nivel de la Gerencia del Catastro en Málaga y del Patronato de Recaudación Provincial, dependiente de la Diputación.
Martín Alba, alcalde de Alcaucín desde 1991, fue señalado por los investigadores como el principal beneficiario de una red de corrupción político-empresarial que presuntamente construía y después legalizaba viviendas en suelo no urbanizable, en la sierra malagueña de la comarca de la Axarquía.
El regidor, conocido en su faceta de cantaor flamenco como Pepe Calayo y que guardaba 160.000 euros bajo un colchón -"los ahorros de toda una vida", según él- dimitió de su cargo antes de ingresar en prisión el 3 de marzo de 2009.
Fue acusado de cohecho, blanqueo de capitales, prevaricación y falsedad documental y permaneció en la cárcel hasta el 5 de junio de 2009, cuando quedó en libertad bajo fianza de 120.000 euros.
También fueron encarcelados entonces el jefe adjunto de Arquitectura de la Diputación malagueña, José Francisco Mora, y los empresarios Francisco Llamas, Manuel Tejada y José Manuel Rico y el familiar de uno de ellos Luis Eduardo Crooke, yerno de Llamas.
Mientras los empresarios quedaron en libertad bajo fianza, Mora permaneció en prisión más de dos meses, hasta que en mayo de 2009 la juez decretó su libertad bajo fianza de 120.000 euros.
Tres años después de la apertura del sumario, la instrucción continúa y la jueza mantiene el secreto de sumario de una de las nueve piezas separadas abiertas del caso.
El principal imputado, el exalcalde José Manuel Martín Alba, volvió a la corporación municipal tras las últimas elecciones locales, como cabeza de lista del Partido Independiente Sierra Tejeda (PITA).
Colaboración en el caso. El Patronato de Recaudación Provincial está colaborando con los agentes de la Guardia Civil y poniendo todos los medios necesarios para facilitar la investigación. Asimismo, se ha puesto a disposición de la jueza que instruye el caso para ayudarle en cualquier cuestión que necesite.
Además, la Diputación de Málaga y el Patronato de Recaudación Provincial se personarán como acusación particular en el caso ‘Arcos’. En concreto, los agentes están recopilando documentos de la Unidad de Gestión Catastral del Patronato, ubicado en el Parque Tecnológico de Andalucía.
La investigación se centra en cuatro auxiliares administrativos y persigue recabar información desde el año 2001 en adelante. La Guardia Civil ha arrestado al arquitecto adscrito al servicio de Protección Civil dependiente de la Diputación de Málaga José Mora cuando se dirigía a su puesto de trabajo, quien ya había sido detenido en 2009 en el marco de este mismo caso.
Los agentes de la Benemérita están interviniendo cuantos efectos puedan servir como medio de prueba para acreditar la comisión de presuntos delitos de cohecho, blanqueo de capitales, tráfico de influencias, falsedad documental, estafa, prevaricación administrativa, prevaricación urbanística y contra la ordenación del territorio.
La intervención de la Guardia Civil se produce tras el auto dictado por la jueza titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Vélez-Málaga, que hace referencia a una de las nueve piezas separadas del caso ‘Arcos’.
En la Unidad de Gestión Catastral del Patronato de Recaudación Provincial se tramitan expedientes de información catastral que después se trasladan a la Gerencia del Catastro de Hacienda, que es quien lo valida. En el Patronato de Recaudación Provincial trabajan 428 personas, 25 de las cuales se integran en la Unidad de Gestión Catastral.
