La trama destapada hoy en Málaga, ocho detenidos y siete imputados, modificaba fraudulentamente el Catastro a cambio de comisiones ilegales para hacer creer a los interesados en comprar suelo -principalmente extranjeros- que podían construir legalmente cuando en realidad eran parcelas no urbanizables.

La Guardia Civil ha informado de que la investigación, denominada Operación Tristán, sigue abierta sin descartar futuros arrestos o imputaciones y de que entre los detenidos están el exalcalde socialista de Alcaucín (Málaga) y concejal independiente José Manuel Martín Alba, funcionarios, un abogado y un promotor inmobiliario.

Entre los arrestados hay un funcionario del Patronato de Recaudación Provincial, dependiente de la Diputación de Málaga; dos exfuncionarios de la Gerencia Territorial del Catastro de Málaga; el exsecretario municipal de Alcaucín y un arquitecto de la Diputación malagueña, el exjefe adjunto de Arquitectura José Francisco Mora.

A los detenidos se les imputan, entre otros delitos, varios de cohecho, falsificación de documento público, falsificación de certificado emitido por facultativo, tráfico de influencias, prevaricación administrativa, prevaricación urbanística y estafa.

Desde primera hora de hoy se desarrollan por esta operación registros en varios puntos de la capital, en el caso del Patronato de Recaudación para acreditar la comisión de los referidos delitos y también presuntamente de otros como blanqueo de capitales y contra la ordenación del territorio, han informado a Efe fuentes cercanas a la investigación.

Esta operación, denominada "Tristán" por el instituto armado, se inició hace más de un año y en la investigación ha colaborado personal de la Dirección General del Catastro del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

Los registros han alcanzado también a la Gerencia Territorial del Catastro, un bufete de abogados y domicilios de los arrestados.

Según la Guardia Civil, funcionarios del Catastro y del Patronato de Recaudación -coordinados por un abogado- "modificaban las bases de datos del Catastro con la finalidad de introducir información falsa o cuando menos engañosa, dando de esta manera cobertura legal a la construcción de edificaciones sobre suelo no urbanizable".

"A cambio de estas presuntas irregularidades de las bases de datos catastrales varios de los funcionarios habrían recibido comisiones ilegales", indica un comunicado del instituto armado.

La investigación, que está bajo secreto de sumario, la desarrolla el Grupo de Delincuencia Urbanística de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil bajo la dirección del Juzgado de Instrucción número 3 de Vélez-Málaga y de la Fiscalía Anticorrupción de Málaga.

Esta operación se enmarca en una pieza separada del "caso Arcos" que aún continúa secreta.