El Instituto Municipal de la Vivienda (IMV) tiene previsto aprobar en su reunión de mañana dos operaciones distintas aunque con el objetivo ambas de facilitar a unas 140 familias la adquisición de viviendas promovidas por el IMV.

Se trata de 160 VPO provenientes del año 2006, en que fueron adjudicadas mediante sorteo, dentro de un lote de 1.300 viviendas. Debido a la crisis económica los adjudicatarios de estas viviendas no han podido hasta ahora acceder a ellas bien por haberles denegado el banco el crédito hipotecario, bien por no poder hacer frente al pago de la entrada inicial que equivale al 20% del total del precio de venta.

Para salvar estos obstáculos, el IMV llevará para su aprobación dos operaciones distintas: por un lado, hay en torno a 20 familias que han abonado la entrada del 20% del valor de cada inmueble, pero les ha sido denegada la hipoteca por parte de la entidad financiera. Para ello, el IMV propone la posibilidad de que los adjudicatarios alquilen la vivienda con opción a compra y que formalicen la hipoteca cuando económicamente les sea más favorable. Cuando llegue ese momento las cantidades que se hayan abonado en concepto de alquiler se tendrán como cantidades entregadas a cuenta de la compra.

Por otro lado, hay otros 140 adjudicatarios que tienen concedido el crédito hipotecario pero no pueden hacer frente a la entrada del 20%. Para ellos la ventaja que se propone es la de facilitar que el dinero para abonar ese 20% se pueda pagar de forma aplazada. Así, el Ayuntamiento propone el aplazamiento de este pago hasta en 25 años, acordando con las familias adjudicatarias, de forma individualizada, un plan de pago ajustado a sus posibilidades económicas y que además no implica el pago de intereses por parte de éstas.

No obstante, deberán contar con la conformidad de las entidades de crédito para la subrogación de la hipoteca, que integra el restante 80% del precio.

El delegado de Vivienda, Diego Maldonado, señaló a propósito de estas medidas que «el IMV está realizando un gran esfuerzo y se está amoldando a la situación económica actual, reinventando fórmulas y facilitando a estas familias el acceso a una vivienda. Es el momento de flexibilizar algunos esquemas y para ello queremos evitar impedimentos a la hora de que los ciudadanos puedan adquirir una vivienda de protección oficial».