Ruido de facturas y de papeles. Los ayuntamientos de la provincia de Málaga perfilaban ayer, incluso fuera del horario de atención al público, el conjunto de documentos que presentarán al Gobierno para acogerse al plan de ayuda al pago a proveedores, cuyo plazo de adscripción expira hoy. Según pudo saber este periódico, un total de trece localidades ya han tomado la decisión de beneficiarse de la oferta de la administración, que adelantará el dinero que se adeuda a las empresas, pymes y autónomos, fundamentalmente.

Aunque todavía es pronto para acotar la cantidad exacta del préstamo que se solicitará desde Málaga, la suma de estos primeros municipios podría superar los 260 millones de euros. Nada más que el Ayuntamiento de Estepona debe 200 millones a proveedores, a los que se añade otro centenar correspondiente al dinero comprometido con administraciones públicas, incluida Hacienda, si bien no será una cuantía tan elevada la que se demande en el plan del Gobierno. De acuerdo con la Confederación de Empresarios de Málaga, las deudas de las localidades ascienden a alrededor de 500 millones en la provincia.

El plan de ayuda obliga a devolver el anticipo en un plazo máximo de diez años. Además, los municipios tendrán que presentar antes del final de este mes un programa de ajuste presupuestario que garantice el abono a medio plazo. El mayor gasto de los ayuntamientos malagueños recae en el sostenimiento de las plantillas públicas (algo más de 714 millones). No obstante, la mayoría de las localidades apuestan por recortes alternativos a la reducción del número de trabajadores.

El grueso de los trece ayuntamientos que han dado el primer paso para incorporarse al sistema de pago subvencionado a proveedores ultimaban en la tarde de ayer la confección de su relación de deudas. Estepona aún no ha determinado la cantidad que solicitará al Gobierno, al igual que Torremolinos, que el pasado septiembre asumió el despido de 59 trabajadores municipales para aliviar la partida de gastos. De momento, no se han anunciado más ajustes. Según fuentes del Consistorio, la oferta gubernamental «se antoja obligatoria para cualquier ayuntamiento que quiera subsistir».

Benalmádena, por su parte, sigue pendiente de la configuración de su plan de ajuste y asegura que todavía no ha decidido la suma que demandarán, que, será, en cualquier caso «superior a los 12 millones de Marbella». Su deuda se eleva a 89 millones. El listado de ayuntamientos que se acogerán a la iniciativa del Gobierno incluye también a Mijas y Fuengirola, este último, pese a aprobar dos planes de pago en los últimos meses para satisfacer la deuda contraída con dos empresas.

En la costa oriental de la provincia, Nerja y Torrox manifestaron su intención de incorporarse al plan de créditos para zanjar sus deudas. La cantidad de Torrox rondará los cinco millones.

En Rincón de la Victoria se van a pedir en torno a 25 millones de los 32 a los que se eleva la deuda. Según el ayuntamiento, la medida beneficiará a más de 250 proveedores. Por su parte, en Vélez Málaga se solicitarán 30 millones que servirán para ejecutar pagos pendientes con alrededor de un millar de empresas. En Alhaurín El Grande, el plan de ayuda del Gobierno, según el Consistorio, permitirá poner fin a las tensiones de tesorería de los dos últimos años, mientras que en Antequera se ve posible el abono del cien por cien de la deuda contraída con pequeños y medianos empresarios.

Ronda tiene previsto aprobar hoy en pleno el inventario de facturas y remitirlo al Gobierno para que sea incluida en el programa de préstamos. El Consistorio cree que, a través de las ayudas, se podrán abonar alrededor de 9 millones de euros a los proveedores.

Según la Confederación de Empresarios de Málaga, alrededor de 30.000 empresas de la provincia sufren impagos por parte de las administraciones locales.