«Jesús Gil me dijo que había pactado con la Junta, con el PSOE y el PA, y que iba a entregar el partido al PSOE. El urbanismo lo iban a llevar ellos. Estaba la Junta detrás siempre», aseguró el exedil marbellí de Comercio Rafael Calleja en su declaración del caso Malaya. Su postura ha sido compartida por algunos de sus compañeros, siendo los más ilustres de estos acusados José Jaén o Isabel García Marcos.

La Fiscalía Anticorrupción trata de escarbar en la naturaleza primariamente delictiva de la moción de censura, sostenida por el GIL, tres ediles díscolos del PSOE y el PA. Juan Antonio Roca, exasesor de Urbanismo, afirmó que él pagó a los concejales por orden de Jesús Gil para que se mantuvieran unido hasta las elecciones municipales de 2007, pero los ediles defienden a capa y espada que la idea era llegar a un pacto con la Junta para normalizar el urbanismo marbellí.

«Fuimos respaldados por el PSOE, en concreto por el secretario de Política Municipal provincial, Salvador Pendón, y por la secretaria de Política Municipal, doña Mar Moreno, fuimos apoyados en una iniciativa que se planteó y fue sorpresiva para todos, como fue sorpresiva una derrota de los partidos políticos tradicionales, ganando una vez más por mayoría absoluta el partido GIL», reflexionó la ex primera teniente de alcalde de Marbella Isabel García Marcos.

Su compañero Rafael Calleja, incluso, aseguró que se reunieron con un hombre muy importante de la Junta que representaba los intereses de Manuel Chaves y Gaspar Zarrías: el exconsejero Montaner.

Tirando a dar por elevación los ediles buscan tener un paraguas político que ampare el paso que dieron en su día, al igual que la continua apelación a que votaban lo que les decían los técnicos es una defensa cerrada en el sentido de dejar claro que sus conocimientos urbanísticos son nulos.

De hecho, la propia Marisol Yagüe usó, durante su interrogatorio, declaraciones favorables a su gestión del exnúmero dos del Gobierno andaluz, Gaspar Zarrías, y llegó a insinuar que las conversaciones entre ambos han desaparecido del sumario del caso.

En cualquier caso, todo ello entronca con la teoría de la conspiración que siempre ha apuntado al hecho de que ningún técnico o político de la Junta se siente en el banquillo de los acusados, lo que jamás se ha determinado en el seno de la investigación de la trama de corrupción.