El que fuera jefe de la Policía Local de Marbella, Rafael del Pozo, acusado en el caso «Malaya», negó ayer haber recibido dinero del presunto cerebro de la trama de corrupción, Juan Antonio Roca, para hacer frente a una cantidad que reclamaba el Tribunal de Cuentas ni por otros motivos e insistió en que se cumplían las órdenes que llegaban en cuanto a los precintos de obras ilegales, que eran competencia de disciplina urbanística.

Del Pozo, para el que el fiscal pide cuatro años de prisión por los delitos de cohecho, contra la administración de justicia y tenencia ilícita de armas, fue uno de los acusados que declaró ayer, en concreto sobre los 126.000 euros que supuestamente recibió del principal acusado, que se reflejarían en los archivos intervenidos en la sociedad Maras Asesores.

El acusado explicó que varios funcionarios estaban realizando estudios en una universidad privada y el Ayuntamiento les pagaba la matrícula, pero «hubo un problema con el Tribunal de Cuentas, que nos obligaba a devolver parte del dinero». Del Pozo admitió que en una conversación, Roca «me comentó que si no tenía el dinero él me lo prestaba, porque era mejor no chocar con el Tribunal de Cuentas y devolverlo». Sin embargo, aseguró que finalmente dicho órgano le dio la razón y no tuvo que pagar. Ese pago, para el que Roca dio la misma explicación, no se llegó a realizar. «Ni lo recordaba», apostilló.