Alcaldes de Izquierda Unida en Málaga coincidieron ayer en afirmar que el decreto de pago a proveedores aprobado por el Gobierno es «un golpe de Estado» para los ayuntamientos que no soluciona ni sus problemas para afrontar gastos ajenos a sus competencias ni las deudas que tienen otras administraciones con los consistorios. Los alcaldes de Alameda, Casabermeja, Casares, Manilva, Ardales, Humilladero, Istán, Monda, Villanueva Algaida y Archidona, entre otros, se reunieron con los diputados provinciales de IU y otros cargos para analizar el decreto. El responsable provincial de Política Municipal e Institucional, Manuel García Peláez, dijo que se pretende reducir el personal, suprimir las subvenciones a colectivos desfavorecidos y precarizar los servicios públicos municipales. Toni Morillas, portavoz en Diputación, añadió que los ayuntamientos «no estarían realizando ahora planes de ajuste si existiera una ley de financiación diferente».

Según informó IU, los regidores mostraron su «total disposición» a abonar las deudas con proveedores, pero recordaron que esta normativa les deja sin capacidad de decisión ya que el decreto obliga a los ayuntamientos a presentar un plan de ajuste porque, en caso contrario, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas no les transferirá los recursos que el Estado da a los consistorios (el conocido como fondo PIE). Los alcaldes criticaron que los ayuntamientos hacen frente a gastos que pertenecen a otras administraciones, como es el caso de Manilva, que está pagando la construcción del centro de salud, o de Casares, que corre con los gastos del personal médico.

«Nos obligan a pagar pero no nos dicen cuándo nos van a pagar a nosotros», señaló el alcalde de Casabermeja, Antonio Domínguez, en referencia a que los planes con financiación «tardan en ser pagados a los consistorios más de un año».