Tribunales

El PSOE plantea que el Ayuntamiento se persone contra Porras

Rclamarán en el pleno la personación del Consistorio para "defender los intereses de la ciudad"

 05:30  

JAVIER GARCÍA RECIO La decisión del juzgado de instrucción número 2 de Málaga de abrir diligencias previas para investigar si ha existido algún tipo de delito en la adjudicación de contratos menores y negociados por parte de la concejala de Servicios Operativos, Régimen Interior, Playas y Cruz de Humilladero, Teresa Porras, tras la denuncia formulada por el PSOE ante la Fiscalía, ha vuelto a activar la acción política de los grupos de la oposición. Estos intentan ahora poner contra las cuerdas al equipo de gobierno y al alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, por su posición en este asunto.

Así en el pleno de este mes, que de manera extraordinaria se retrasa al sábado 31 de marzo, dos mociones de PSOE e IU volverán a poner en el centro de la discusión política la gestión de la concejala Teresa Porras.

Primer interesado. El PSOE pedirá directamente que el Ayuntamiento se persone «como acusación particular» en el procedimiento judicial en curso que el juzgado de instrucción número 2 «sigue sobre Teresa Porras». Por su parte, el grupo de IU plantea la «reprobación del equipo de gobierno por la enorme falta de transparencia» en los contratos realizados en las áreas de la que es responsable la concejala.

El PSOE considera que la personación del Ayuntamiento en este caso expresaría su voluntad de «procurar el esclarecimiento y la mejor defensa de los intereses públicos de la ciudad» y añade que la mejor forma de demostrar que el Ayuntamiento está interesado «en conocer, esclarecer y defender el buen nombre de la institución, es formalizar su personación como acusación particular en el procedimiento judicial abierto».

El PSOE recuerda en su propuesta que el Ayuntamiento ya lo ha hecho en otros casos «donde los intereses de la ciudad estaban en juego», como el caso Teconsa (sobre posibles irregularidades en las obras de ampliación de la carretera de la Azucarera), o el de mantenimiento de las zonas verdes (donde se juzgaba un posible fraude en el contrato por el mantenimiento de zonas verdes).

Los socialistas consideran que el Ayuntamiento «debe ser el primer interesado» en conocer de primera mano los hechos que se investigan y también el primero en «aportar cuanto pueda ser necesario para el esclarecimiento de los hechos», así como en «defender o recriminar» las «conductas de las personas que representan al Ayuntamiento, máxime si forman parte de su equipo de gobierno».

Comisión de Vigilancia. La propuesta de IU, por su parte, reclama la «reprobación del equipo de gobierno por la enorme falta de transparencia en los procedimientos de contratación», así como por el «abuso» de contratos menores y la progresiva privatización de los servicios de las áreas de Teresa Porras.

El grupo de IU se extiende además en otras reclamaciones como el instar al equipo de gobierno a que ponga en marcha la comisión de Vigilancia de las Contrataciones, que está pendiente de constituirse y reunirse; también pide que todos los contratos menores se realicen previa «determinación administrativa de precio y condiciones entre el listado de empresas que integren un registro de contratistas; en relación a los contratos negociados pide que se recorte solo a supuestos «excepcionales que estén debidamente motivados».

La justicia verá si hay irregularidades en los contratos de Porras. El juzgado de Instrucción número 2 de Málaga abrió diligencias previas para dilucidar si ha existido algún tipo de delito en la adjudicación de contratos menores por parte de la concejala Teresa Porras. La causa se judicializa después de que la Fiscalía viera indicios de delito en determinados actos administrativos y remitiese las diligencias de investigación efectuadas en el órgano a raíz de una denuncia socialista presentada en abril de 2011 a la Fiscalía.

El hecho de que se hayan incoado diligencias previas quiere decir que se judicializa el caso Porras. María Luisa Cienfuegos, titular del juzgado, será la encargada de instruir el proceso y lo primero que deberá decidir es si acuerda la práctica de las pruebas solicitadas por la Fiscalía, entre ellas pedir al  alcalde que se remita copia de cinco expedientes de contratación negociados y una relación de contratos menores, todos ellos enumerados en la información realizada por La Opinión de Málaga. La juez deberá decidir también si llama a declarar a la propia concejala.

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