El fiscal especial antidroga, José Ramón Noreña, denunció ayer la existencia de disfunciones en el proceso de destrucción de la droga incautada. Según Noreña, esas disfunciones están generadas por la reforma en el año 2006 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que obliga en la actualidad a que un juez autorice la eliminación de las cantidades incautadas.
En su comparecencia ante la Comisión Mixta para el Estudio del Problema de las Drogas, el fiscal especial propuso un regreso a la regulación anterior que facilitaba la destrucción de la droga incautada de forma más rápida. Noreña destacó también las dificultades que plantea el hecho de que España sólo cuente con un centro dedicado a la destrucción del material aprehendido, situado en Asturias. Así, puso de manifiesto los problemas de seguridad planteados por los traslados a través de convoyes de las drogas.
Estas declaraciones se hicieron meses después del espectacular asalto que sufrió el depósito de Sanidad Exterior del puerto de Málaga en el que se sustrajo una importante cantidad de cocaína.
Por otro lado, Noreña ofreció a los integrantes de la Comisión Mixta datos sobre la cantidad de sustancias incautadas durante el último año. La lista está encabezada por el hachís, del que se aprehendieron 355.900 kilogramos. Las mayores partidas fueron localizadas en las provincias de Cádiz, Málaga y Huelva.
