El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, se mostró «abierto» a estudiar un incremento del límite de velocidad en autopistas y autovías, actualmente en los 120 kilómetros por hora, aunque ha advertido de que antes habrá que analizar el impacto ambiental que tendría la medida. En su comparecencia ante la Comisión de Seguridad Vial del Congreso, Fernández Díaz contestaba así a una propuesta del portavoz de CiU, Jordi Jané, que pedía al Gobierno que analizara la posibilidad de subir el límite máximo de velocidad en autopistas y autovías.

El titular de Interior afirmó que un ligero incremento de la velocidad máxima en estas vías no tendría «tanta incidencia» en las cifras de siniestralidad, toda vez que el 75 por ciento de los accidentes mortales se registran en carreteras convencionales.

No obstante, Fernández Díaz advirtió de que, además del efecto en las cifras de siniestralidad, habría que tener en cuenta el posible incremento de las emisiones de gases de efecto invernadero ya que España paga «un dineral» en derechos de emisión de estos gases.

Por ello, subrayó que no tendría mucho sentido abordar una medida como ésta sin medir antes el impacto en términos de contaminación.

«Ahora, una vez hecha esa comprobación previa en términos de impacto ambiental y de contaminación, yo estoy abierto claramente a lo que ha planteado el señor Jané», dijo.

Durante su comparecencia, Fernández Díaz, anunció que su departamento tendrá en esta legislatura «tolerancia cero» con el consumo de drogas al volante, para lo cual aumentará los controles y determinará mejor la responsabilidad penal del que conduzca bajo sus efectos.

Para ello, anunció que pondrá en marcha un programa de detección de drogas similar al existente para el control de la alcoholemia. Fernández Díaz recordó que en 2011 se realizaron 705 controles de detección de drogas, de las que más del 51 por ciento dieron positivo, frente a los más de seis millones de pruebas de alcoholemia, con menos de un 2 por ciento de conductores bajo los efectos del alcohol.

«Vamos a hacer un especial esfuerzo por aumentar los controles», dijo el ministro, quien anunció que no solo mejorará la capacidad analítica para la detección de drogas al volante sino también que se «perfilará mejor la responsabilidad administrativa y penal» del que conduzca bajo los efectos de estupefacientes.

En su intervención, el ministro del Interior confirmó, tal y como ya anunció la directora de Tráfico, María Seguí, que buscará una alternativa al actual sistema de cómputo de fallecidos en accidente de tráfico, que se refiere a víctimas a 24 horas, para que se incluya en la cifra los muertos tanto en carretera como en ciudad y hasta 30 días después del siniestro.

En este nuevo sistema, que se desarrollará en esta legislatura, también se computarán los lesionados, según adelantó el ministro que ha propuesto que las cifras anuales de muertos se hagan públicas el 30 de enero del año siguiente.

En su opinión, «no se conocerá la verdadera magnitud de la accidentalidad hasta que no se maneje un sistema de recogida de datos integral» que incluya fallecidos, heridos y personas con secuelas tanto físicas como psíquicas.

En este sentido, el portavoz del PSOE, Carlos Corcuera, se ha preguntado si el objetivo de esta medida es «poner en duda» la reducción del número de fallecidos conseguida en los últimos años o achacar a ese nuevo cómputo un hipotético aumento de los accidentes en un futuro cercano.

Por su parte, el portavoz de Seguridad Vial de CiU, Jordi Jané, propuso que los radares de control de velocidad se instalen únicamente en los puntos «realmente peligrosos» y no con un objetivo recaudatorio.

Respecto al pago de multas, Fernández Díaz ha adelantado que extenderá a todo el territorio nacional el pago con tarjeta de las sanciones impuestas en el lugar de la infracción, al tiempo que se actualizará el Registro de Conductores para evitar que las notificaciones de las multas sean fallidas.