Unos 63 propietarios de viviendas en Málaga son desalojados de sus casas cada semana por no pagar la hipoteca, según los datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) correspondientes al año 2011. La estadística revela que el problema de los desahucios no sólo no remite sino que va en aumento. En Málaga, la cifra de lanzamientos judiciales –como se conoce técnicamente al desalojo material de la vivienda por orden del juez – ascendió el pasado ejercicio a 3.280 casos, con una subida del 35% en relación al año anterior, que ya fue de por sí dramático. Los lanzamientos se han incrementado un 224% con la crisis, ya que en 2008 sólo hubo 1.010 de estos casos.

El Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, afirmó ayer que «se ha tocado techo» en el tema de los desahucios, tras conocer por el CGPJ que los desahucios tramitados por los juzgados andaluces se incrementaron un 43,2% en 2011, hasta las 9.864 lanzamientos, lo que sitúa a la región como la segunda con más desahucios después de Valencia. En España, los juzgados españoles procesaron el año pasado 58.241 expedientes de desahucio, cifra que también supone un récord desde que se tiene registro y que supuso además un aumento del 22% con respecto a 2010.

Chamizo recordó que su institución «viene denunciando» esta situación desde los años 2007 y 2008, aunque en aquel momento «no era tan grave» porque las pérdidas de los propietarios afectaban a «segundas viviendas». Ahora, en cambio se trata del desalojo del domicilio habitual.

«Aunque no me gusta profetizar mucho, me da la impresión de que hemos tocado techo en el tema de los desahucios porque ya los bancos no pueden tener más casas. Incluso el Banco de España les ha recomendado deshacerse de casas porque no pueden tener tanto patrimonio», dijo Chamizo, que instó a las administraciones a «tomarse esto en serio» y a no retrasar más las ayudas y la construcción de viviendas en régimen de alquiler.

El drama social de los desahucios ha llevado al Gobierno a tramitar como decreto ley un conjunto de medidas para favorecer a las familias en riesgo de exclusión social, con pocos ingresos y todos los miembros en paro. El decreto ha impulsado un Código de Prácticas Bancarias, que ha sido ha asumido por el 95% de la banca, y que obliga a las entidades a refinanciar las hipotecas a las familias en esta situación, a aplicarles una quita en la deuda, y en última instancia, a aceptar la dación en pago de la casa. Incluso en estos casos, la entidad financiera no desahuciará a la familia, que podrá permanecer durante dos años en la vivienda pagando un alquiler razonable.

El CGPJ también ofreció ayer el dato de ejecuciones hipotecarias de 2011 en Málaga –cuando la entidad financiera reclama todo el importe del préstamo hipotecario al propietario que han dejado de pagar– que, con 3.633 casos, sí ha bajado respecto a 2010, cuando hubo 4.354. En cualquier caso, las ejecuciones sigue estando a niveles altísimos, más del triple que los 1.140 casos que se registraron en 2007.