El equipo de gobierno se limitó ayer a rechazar las propuestas del PSOE e IU que pedían que el Ayuntamiento se personara como acusación particular en la causa abierta por el juzgado de instrucción número 2 para investigar las denuncias sobre posibles irregularidades en la adjudicación de contratos menores por parte de la concejala de Cruz de Humilladero, Teresa Porras, y que se pusiera en marcha la comisión de vigilancia de las contrataciones para fiscalizar los contratos otorgados por dicha concejala.
Aunque fueron dos concejales, el portavoz Diego Maldonado y la responsable de Economía, María del Mar Martín, los que intervinieron por parte del equipo de gobierno para despachar las dos mociones, ambos pasaron de puntilla sobre este caso y se limitaron a exponer las razones políticas por las que rechazaban las mociones, sin que en ningún caso procedieran a la defensa de la gestión de la concejala Teresa Porras a la que ni siquiera aludieron en sus intervenciones.
La concejala de Economía, Martín Rojo contestó únicamente a la moción de IU que reclamaba la fiscalización y el control de los contratos menores y expuso que el equipo de gobierno «cumple de sobra con la Ley de Contratos» de tal manera que en los contratos menores «hacemos tres ofertas» y en los negociados proponemos seis ofertas». Rojo recordó además que el equipo de gobierno invitó en 2009 a la oposicióna formar parte de la mesa de contratación «y no quisieron».
Por su parte, el portavoz popular, Diego Maldonado, utilizó el segundo turno para señalar escuetamente que «no vamos a personarnos en la causa abierta. A la justicia hay que dejarla trabajar y ya llegará a las concluiones que juzgue y entonces diremos lo que sea conveniente».
Ambas respuestas le dejaron en bandeja la réplica al portavoz de IU, Pedro Moreno, que preguntó «si son ustedes tan transparentes, ¿por qué pasa lo que pasa y hay una concejala en el juzgado?», que no tuvo respuesta.
La portavoz del PSOE, María Gámez, reclamó la personación en el juzgado para «procurar el esclarecimiento y la mejor defensa de los intereses públicos de la ciudad».
