Las obligaciones fiscales y tributarias suponen más que una carga, especialmente en tiempos de crisis. De hecho, han aumentado en un solo año en un 32% los contribuyentes de la provincia de Málaga que han solicitado el fraccionamiento en el pago de impuestos, concretamente de 2010 al pasado 2011, año en el que fueron 30.000 los ciudadanos que optaron por esta modalidad, lo que se tradujo en 18 millones de euros. Pero es que además en el presente ejercicio 2012 está previsto que sean 52.000 los contribuyentes que soliciten pagar en varias mensualidades, según informó ayer el Patronato de Recaudación de la Diputación Provincial de Málaga.

Ante esta realidad y con el objetivo de facilitar el pago a los ciudadanos y el cobro a las administraciones, el organismo provincial aprobó ayer en pleno el denominado «plan de facilidad fiscal» que permitirá el abono de tasas como el IBI, el impuesto de circulación (IVTM), el Impuesto de Actividades Económicas (IAE), de residuos o de agua –hasta 50– hasta en once meses, mientras que hasta ahora los plazos han sido de dos, tres y hasta nueve meses, según el tributo.

El presidente de la Diputación Provincial, Elías Bendodo, dijo ayer que este plan beneficiará a 900.0000 malagueños, que son los ciudadanos que viven en los 96 municipios a los que el Patronato presta servicio (todas las localidades de la provincia salvo Málaga, Torremolinos, Benalmádena, Fuengirola y Alhaurín el Grande). La medida entrará en vigor en unas semanas, una vez se publique en el boletín correspondiente.

El plan contempla también otras tres líneas además de esta primera de pago de tributos. Posibilita el fraccionamiento de la deuda para aquella persona que tenga pagos pendientes de años anteriores. En este apartado se incrementa de 6.000 a 18.000 euros la cantidad exenta de aval bancario para su abono y se permite solicitar aplazamientos desde los 150 euros, mientras que hasta ahora la cantidad mínima debía ser de 300 euros. De esta forma, la horquilla de entre 150 a 1.000 euros de deuda cuenta con un periodo máximo de aplazamiento de doce meses; hasta 3.000 euros de 15 meses; hasta 6.000 de 18; hasta 9.000 de 21; hasta 15.000 de 24; y, más de 15.000 hasta 30 meses, que es el plazo máximo –hasta ahora era de 24 meses–.

El tercer punto del plan anunciado por el presidente del organismo es un acuerdo rubricado con el Consejo General de Notariado que aporta seguridad jurídica al ciudadano a la hora de comprar una propiedad, ya que podrá conocer si sobre la misma pesan impuestos o tasas. Por último, el plan contempla la incorporación de la administración electrónica a los trámites del Patronato de Recaudación (certificado digital o DNI electrónico) para simplificar sus gestiones.

El portavoz el grupo socialista, Francisco Conejo, alabó la medida y dijo que se trata de una propuesta inicial que el PSOE realizó en un pleno en diciembre pasado.

Reparto «arbitrario» de dinero. El portavoz del PSOE, Francisco Conejo, denunció ayer además en pleno un «trato desigual» y un reparto «arbitrario» del equipo de gobierno del PP de las subvenciones directas a los ayuntamientos. Conejo acusó a Bendodo de beneficiar a los consistorios del PP. Éste fue uno de los puntos más polémicos de la sesión y generó un duro cruce de acusaciones.

El socialista facilitó a la prensa un informe en el que se reflejan las ayudas directas concedidas en 2012 por el gobierno del PP. Del total del millón de euros otorgados en esta partida, 545.800 euros se han destinado a 15 municipios del PP y «tan sólo» 251.500 euros a cinco localidades del PSOE, contando esta formación con 43 alcaldías de municipios menores de 20.000 habitantes frente a las 21 del PP, dijo. El portavoz del PSOE denunció que en este montante se incluye además a pueblos de más de 20.000 habitantes como Torremolinos y Ronda.

La respuesta del equipo de gobierno a este respecto fue un informe similar pero en este caso acusando al PSOE de haber beneficiado en su caso a los ayuntamientos socialistas cuando gobernaba. El portavoz del equipo de gobierno, Francisco Salado, denunció que durante los años 2009 y 2011 del mandato anterior, con PSOE e IU al frente de la institución provincial, los municipios gobernados por estos partidos recibieron más de 9 de cada 10 euros de las inversiones.

Además, el PP negó las afirmaciones de los socialistas y acusó al portavoz del PSOE de «falsedad». En estas línea, precisó que muchas de estas actuaciones son relativas a subvenciones del anterior equipo de gobierno no ejecutadas y que se iban a perder y han sido recuperadas.