El presidente de la Cámara de Comercio de Málaga, Jerónimo Pérez Casero, señaló ayer que la «prioridad fundamental» de la institución es mantener el actual volumen de empleo –41 personas–, a pesar de los ajustes presupuestarios que ha sufrido en este 2012, primer año donde el organismo ha dejado de ingresar las cuotas obligatorias de la gran mayoría de sus empresas asociadas.

Para cumplir con este objetivo, Pérez Casero confirmó, tal y como se informó ayer en este periódico, que se ha presentado ante la autoridad laboral un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) parcial, con el que se reducirá de aquí a final de año la jornada y el salario a unos 30 trabajadores fijos de la Cámara. El porcentaje de reducción será finalmente del 25%, al afectar a 10 de las 40 horas semanales que echa cada trabajador. El expediente ya tiene el visto bueno de la Junta y sólo está a la espera de que se complete el envío de la documentación.

El presidente del ente cameral malagueño confió en que la situación de las Cámaras de Comercio mejore a partir de 2013. Para entonces está previsto que entre en vigor la nueva ley de regulación de estas entidades, actualmente en fase de elaboración buscando el consenso entre la Secretaría de Estado de Comercio, el propio Consejo Superior de Cámaras y las comunidades autónomas. La base de la nueva normativa será que las Cámaras desarrollarán funciones y encomiendas encargadas por las propias administraciones, y cuyos servicios serán pagados por los perceptores.

El presidente del Consejo Superior de Cámaras, Manuel Teruel, afirmó esta semana que el decreto promulgado por el Gobierno de Zapatero a finales de 2010 para suprimir las cuotas camerales obligatorias cambió el modelo de financiación de las cámaras y dejó «un vacío legal» que ahora se quiere llenar con esta nueva ley. El texto pasará presumiblemente por el Parlamento este año para que entre en vigor en 2013.

Teruel reconoció que 2012 es un año en el que las cámaras tienen «una financiación muy limitada» pero auguró que en el próximo irrumpirá un modelo financiero diferente. «Los servicios gratuitos a empresas se han acabado. Quien recibe un servicio tiene que recibirlo de calidad, pero a su vez tiene que pagar, al menos, un precio razonable», dijo. Las instituciones camerales pretenden ofrecer servicios de internacionalización, mediación y arbitraje y problemas mercantiles y apoyo al emprendedor y a la innovación.