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Caso 'Malaya'

Roca tenía en su poder la escritura de la suite que Pantoja compró en Guadalpín

El documento, hallado por la policía en el despacho del "Jefe", ayudó a llegar hasta Julián Muñoz

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Imagen de los dos inspectores de la Udyco que declararon ayer en el caso Malaya.
Imagen de los dos inspectores de la Udyco que declararon ayer en el caso Malaya.  Gregorio Torres

José Antonio Sau Los dos principales investigadores del caso Malaya aseguraron ayer haber encontrado una carpeta en el despacho de Juan Antonio Roca, en Maras Asesores, que contenía, entre otros documentos, el contrato de compraventa del apartamento que Mayte Zaldívar, exesposa de Julián Muñoz, tenía en el Hotel Guadalpín, así como la escritura de la adquisición de una suite por parte de la cantante Isabel Pantoja. Ello, según los agentes, conocidos ya como Batman y Robin en mentideros policiales y periodísticos, ayudó a llegar hasta el exalcalde marbellí.

Fue en uno de los registros del despacho de Juan Antonio Roca. De repente, los agentes se fijaron en una carpeta naranja que tenía las siguientes anotaciones: I. P., M. Z. y Hotel Guadalpín. Dentro, según los funcionarios, había facturas de cargos de uso de una habitación por parte de la exmujer de Julián Muñoz, así como el contrato de compraventa de un apartamento suscrito por una entidad vinculada a Zaldívar; y la escritura de compraventa del apartamento que la sociedad Franbel Artist, de la tonadillera, adquirió en el mismo establecimiento, propiedad de la inmobiliaria Aifos.

Pantoja se hizo con el apartamento en febrero de 2003, poco después de asistir a la Feria Internacional de Turismo en Madrid, donde se cerró el acuerdo, y donde el fiscal Anticorrupción sitúa el inicio de la relación entre la cantante y el exregidor marbellí. Por este caso, Pantoja, Zaldívar, Muñoz y otras siete personas serán juzgadas a partir del 28 de junio en la Sección II de la Audiencia Provincial, acusados todos ellos, entre otros ilícitos, de blanqueo de capitales.

Los agentes de la Udyco relacionaron la carpeta y las iniciales de su carátula de forma «directa y racional» con Isabel Pantoja, Mayte Zaldívar y Julián Muñoz. Ese indicio, un archivo en el que figuran diversas llamadas, otros documentos intervenidos al exasesor y en el Consistorio llevaron a la policía hasta el exalcalde de Marbella, a quien Roca le hizo presuntamente un pago de más de 160.000 euros, algo que ambos han negado en el juicio del caso Malaya.

Los dos inspectores insistieron una y otra vez en que no se imaginaron que Julián Muñoz fuera J. M. porque sí, sino que la carpeta y sus documentos, «concatenados con otra serie de indicios», señalaron al exregidor marbellí.

Javier Saavedra, letrado del exalcalde, puso en duda la correspondencia entre las iniciales, y, una vez más, insistió en cuestionar a los agentes sobre si alguno de los acrónimos atribuidos a Juan Antonio Roca podría coincidir con el de algún comisario, contestando éstos que, hasta que dejaron el proceso, no pudieron identificar a nadie. Muñoz, por cierto, se enfrenta a diez años de prisión por el caso Malaya.

El tribunal advierte de que ocupará agosto si es necesario para acabar el juicio

El tribunal del caso Malaya sigue haciendo malabares para conjugar el derecho de defensa con la necesaria celeridad de un proceso que comenzó en septiembre de 2010 y que ha roto todas las expectativas y augurios hechos sobre su duración. Así, el presidente de la Sala, José Godino, aseguró que, si es necesario, las sesiones se prolongarán hasta agosto, aunque esa no es la idea principal. Lo ideal sería acabar la prueba en abril y mayo, lo que supone que más de 400 testigos pasen por la Ciudad de la Justicia para declarar sobre el procedimiento. Ayer, sin ir más lejos, el Ayuntamiento de Marbella renunció a más de cincuenta testificales que había pedido inicialmente. Por ello, Godino recalcó la importancia de que todos los abogados implicados en el caso renuncien a los testigos que no sean imprescindibles para la eficaz y pronta resolución de una causa con más de 90 acusados.

«Si es necesario, habilitaremos agosto; en abril y mayo, meses en los que hay 21 días habilitados, escucharemos 15 testigos por día, pero lo ideal sería que esa cifra bajara a ocho, diez o doce por jornada; en junio y julio se leerán los informes finales, y podríamos ir a agosto», reconocen fuentes del tribunal.

Es más, la Sala alaba que las defensas hayan acogido favorablemente la propuesta de entregar sus alegatos por escrito, aunque por ley han de ser expuestos oralmente. Pero el documento agilizará enormemente la labor del tribunal, porque las intervenciones serán menores y, a la hora de hacer la sentencia, el ponente podrá consultar sus dudas en negro sobre blanco.

Previsiblemente, los alegatos de la Fiscalía Anticorrupción y de la abogada de Roca, Rocío Amigo, serán los más largos, pero hay letrados que ya han avisado al tribunal de que no piensan ocupar más allá de media hora o cuarenta y cinco minutos en sus intervenciones, por lo que las casi cien partes podrían concluir en junio y julio. «Si hace falta, alargaremos el horario de sesiones», explican las mismas fuentes consultadas, que auguran un tiempo mínimo de ocho meses para redactar una sentencia que irá, con seguridad, al Supremo.

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