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Memoria del TSJA

La crisis coloca en una situación límite a los juzgados con competencias en materia económica

Málaga es la provincia andaluza con más casos de desahucio en 2011, la segunda en demandas por despido y la líder en concursos de acreedores

 05:00  

José Antonio Sau La crisis es tan virulenta y su hondura tan desconocida aún que su reflejo en los juzgados de la provincia con competencias económicas ha propiciado que éstos se encuentren en una situación límite. Según la memoria del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), los juzgados de Primera Instancia de Málaga son los que más procesos por desahucio registraron en 2011 (2.948); los órganos de Mercantil son los que asumieron más concursos de acreedores (en torno a 280); y los de lo Social vieron entrar más de 4.130 demandas por despido (la segunda cifra más alta de la región).

El Alto Tribunal andaluz dedica todo un capítulo de su memoria a analizar la incidencia de la crisis en los órganos judiciales, y afirma que la misma ha tenido «un reflejo directo e inmediato» en la carga de trabajo de los juzgados. Es más, ha propiciado «una preocupante elevación del número de asuntos pendientes». Los juzgados están «desbordados», especialmente los relacionados con los desahucios, los procesos monitorios y cambiarios, los concursos de acreedores y las ejecuciones civiles. Estos datos tienen interés, incluso, desde la perspectiva sociológica, sostiene el TSJA.

El número de desahucios pendientes es especialmente alto en Málaga (1.193, el segundo más alto de Andalucía tras Sevilla), aclara el órgano. En cuanto a los procesos de este tipo que entraron en los juzgados de Primera Instancia durante 2011 se situaron en 2.948. «El número de desalojos permanecerá en niveles elevados», añade el TSJA.
Asimismo, se aprecia un incremento general en los concursos de acreedores, especialmente en los juzgados mercantiles de Málaga, Sevilla y Cádiz. En la capital de la Costa del Sol se registra el nivel más alto de Andalucía, y se ha vuelto a elevar en 2011 (31%). La capacidad de resolución ha crecido un 55% (en torno a cien), fruto de las medidas de refuerzo, aunque los concursos pendientes de resolver crecieron un 34% en 2011 (hasta 550).

En Andalucía, el número de demandas de despido han crecido un 47% en un año, y la pendencia, un 9%. El mayor número de este tipo de casos se concentra en Sevilla, primero, y Málaga, después (4.134). «Hay una preocupante saturación en este tipo de procedimientos, cuya tramitación es considerada preferente por la Ley procesal», aclara el TSJA.
Por otro lado, las secciones de la Audiencia de Málaga ingresaron el pasado año 2011 un total de 12.106 asuntos judiciales, de los que 4.052 pertenecían al ámbito civil y 8.054 al penal. Los juzgados y tribunales malagueños tienen pendientes de ejecutar más de 93.000 sentencias o resoluciones tanto civiles como penales.

Cae la litigiosidad. La litigiosidad cayó en Andalucía un 3%, hasta los 1,9 millones de asuntos judiciales. Una «leve disminución», pese a la alta pendencia (más de 604.000 causas por resolver). Los procesos penales supusieron más de siete de cada diez asuntos. El presidente del TSJA, Lorenzo del Río, aseguró ayer que el hecho de que no haya más plazas judiciales, la falta de medidas de refuerzo y la demora de las reformas han propiciado que la pendencia siga siendo un problema.

El TSJA propone dotar a Málaga de veinte plazas judiciales más. Usando la ambigüedad verbal nacida del tiempo actual en el que se pasa del juzgado a la oficina judicial, el TSJA reclama en su memoria la creación de veinte plazas (¿juzgados o jueces?) para la provincia: nueve juzgados de Primera Instancia –seis para la capital–; uno de Familia; cuatro mixtos –dos en Estepona y otro par en Vélez Málaga–; dos de lo Mercantil, uno de lo Penal, dos de lo Contencioso-Administrativo y uno de lo Social.

Asimismo, el Alto Tribunal andaluz pide la creación de tres plazas de magistrado para la Audiencia Provincial, en concreto una sección penal aunque sin funcionarios. El presidente del TSJA abogó ayer por el establecimiento de tasas judiciales y entendió que ello no perjudica al servicio de justicia gratuita.

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