Los 2.500 euros que el Gobierno fijará hoy en el Consejo de Ministros como máximo para pagar en efectivo a los profesionales forma parte del paquete de medidas antifraude anunciadas por Mariano Rajoy y que no están exentas de polémica y de urgencia, ya que la medida entrará en vigor «de forma inmediata». No es tan polémica para los expertos, que la ven «positiva pero insuficiente». Como los Cuerpos Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), quienes advierten de que la limitación de los pagos en efectivo a partir de 2.500 euros es una medida que se queda corta porque la multa máxima del 25% del importe desembolsado implica que seguirá siendo más rentable defraudar que cumplir con las obligaciones fiscales.

«Aunque la medida sea un paso en la buena dirección, el límite que se ha fijado es demasiado generoso y la consecuencia es una sanción tan exigua que a los defraudadores les compensará seguir defraudando y arriesgarse a ser cazados», asegura el secretario general de Gestha, José María Mollinedo. El secretario de Estado de Hacienda, Miguel Ferre, apuntó ayer que podrán ser denunciados tanto el pagador como el receptor de estos pagos.

Desde el colectivo dudan de la eficacia total de la medida para acabar con las bolsas de fraude que habitualmente usan los billetes de 500 euros, el instrumento «idóneo» para saldar operaciones al margen del fisco, como las tramas de facturas falsas o falseadas, el fraude en el IVA y el vaciamiento patrimonial de las grandes empresas con destino a cuentas opacas a paraísos fiscales. Desde Gestha señalan que, en la provincia de Málaga, esas grandes bolsas se concentran mayoritariamente en el sector de la construcción.

Según los cálculos de los técnicos, Málaga cuenta con una bolsa fraudulenta de economía sumergida de unos 6.127 millones de euros, que equivaldría al 22,6% del PIB de la provincia. Esa cantidad la sitúa como la undécima provincia con mayor cantidad de fraude a la Agencia Tributaria y Seguridad Social.

Unos de los grandes protagonistas de estos fraudes son los billetes de 500 euros y desde Gestha también hacen cuentas. Según sus cálculos, cada español guardaría en efectivo una media de 2,2 billetes morados debajo del colchón, el equivalente a unos 1.100 euros, una estadística que según los técnicos de Hacienda falsea la realidad, «ya que en realidad son sólo unos pocos defraudadores quienes acaparan la mayor parte de estos billetes altos para saldar operaciones al margen del fisco, habitualmente grandes empresas».

Estos billetes también son protagonistas porque el 80% de las operaciones que se realizan con billetes de 500 euros en España escapan del control del fisco, normalmente por la compraventa de inmuebles, donde parte del pago se realiza en dinero B con el fin de eludir las obligaciones tributarias, según las estimaciones de este mismo colectivo, quienes añaden que aunque hace un par de años los billetes de 200 euros ganaron terreno a los de 500, éstos se han recuperado.

Los Técnicos de Hacienda sí destacan un descenso en el uso de estos billetes durante la crisis, especialmente de las sociedades de los sectores de la construcción e inmobiliario, una bolsa de fraude que en los años de bonanza llegó a evadir cerca de 9.000 millones de euros anuales a espaldas del fisco.

No obstante, el mayor peso de estos billetes grandes sobre el total del dinero en circulación es «una mala señal», ya que «da a entender que los defraudadores mantienen el acopio de este dinero en efectivo para realizar sus operaciones». Por ello, desde Gestha piden medidas más eficaces que estrechen el cerco a estos defraudadores -en la mayoría de los casos vinculados a mafias y tramas criminales relacionadas con la droga, la prostitución y el tráfico de armamento- que han venido actuando impunemente en los últimos años.