Las defensas de los acusados en el caso Malaya volvieron ayer a a cuestionar algunos informes policiales incluidos en la causa. Uno de los letrados intentó hacer ver que al menos el documento sobre el análisis patrimonial de su defendido tiene «errores» y que hubo «aceleración» para hacerlos y justificar los arrestos.
En la sesión del juicio oral de ayer comparecieron ocho policías. Algunos sólo participaron en registros, como el de la casa de Roca. Sin embargo, otros agentes que declararon intervinieron en la redacción de informes patrimoniales de los acusados, en este caso de los supuestos receptores de dinero, es decir, los exediles, o en la recopilación de los datos. Así, el letrado del exconcejal Vicente Manciles preguntó a uno de los agentes que recopiló datos y reseñó documentos de las bridas para hacer esos informes patrimoniales si «fue un informe obtenido de urgencia para justificar la petición al juez de las detenciones que se iban a producir», respondiendo el funcionario policial que no se les apremió para hacerlos.
El abogado consideró que ve «cierta aceleración a la hora de redactar» los informes, que tienen «numerosos errores» en lo que a su defendido se refiere, poniendo como ejemplo que aparece que fue «colaborador del GIL desde sus inicios en 1991, concejal de Obras Públicas y Limpieza desde 1999», algo que «es rotundamente falso, porque entra como concejal en la moción de censura». Dijo que hubo otros errores en la suma del precio de dos garajes, respondiendo el agente que los datos fueron sacados «del Registro de la Propiedad».
El fiscal mostró su protesta, al considerar «que se está dando por supuesto que hay errores en los informes y la pregunta condiciona la respuesta» de los agentes intervinientes. También se les preguntó por cómo se realizaron los registros y cómo se guardaron los documentos u objetos intervenidos, remitiéndose los agentes a los informes o las actas levantadas, al no recordar en algunos casos los detalles de las intervenciones que se llevaron a cabo, al haber pasado «más de seis años». Los letrados incidieron en cuestiones concretas de las operaciones urbanísticas que se detallan en informes policiales, remitiéndose, igualmente, los investigadores a las conclusiones de dichos análisis.
