La atención a los más desfavorecidos está tocada de muerte. Así lo consideran los portavoces y representantes del sector. Los servicios sociales comunitarios, puerta de entrada de los más necesitados al sistema, contarán en este ejercicio con un 43% menos de presupuesto estatal en lo que se refiere al programa de prestaciones básicas.
Este denominado Plan de Concertación de Prestaciones Básicas, dotado en 2012 por el Estado con 49,9 millones de euros para el conjunto nacional, es objeto por parte del Ejecutivo de Rajoy de una reducción del 43% respecto a 2011, con 36,7 millones menos que el año anterior, lo que en Andalucía supondrá 8,2 millones menos y en Málaga 1,2 millones de bajada.
La cuestión no es baladí ya que mientras que el incremento general de usuarios que llegan a los servicios sociales comunitarios ha sido del 39% en los últimos años de crisis, el programa de prestaciones básicas se recorta en un 43%, denunciaron ayer el presidente de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, José Manuel Ramírez, y el presidente del Colegio Profesional de Trabajo Social de Málaga, Rafael Arredondo.
Este programa es el que ofrece «alojamiento, vestido, comida, techo y que cubre las necesidades básicas» a la población más necesitada. Son las denominadas ayudas económicas de emergencia –factura de la luz, abono puntual del alquiler–, entre otras prestaciones.
Con casi la mitad de la población española en riesgo de exclusión, una tasa de pobreza del 21,8%, una de cada tres familias con dificultades para llegar a fin de mes (30,6%) y un 3,2% de los hogares españoles sin ningún ingreso, «el brutal recorte de los presupuestos dedicados a la protección social más básica pone en riesgo la cohesión social», criticó Arredondo.
Pero es que además tanto Arredondo como Ramírez destacaron otro «grave» recorte, el relativo a la Ley de Dependencia. A la moratoria de la norma por la que los dependientes moderados que tenían derecho a recibir su prestación en 2012 deberán esperar a 2013 –medida que afecta en Málaga a cerca de 7.500 personas– se suma el recorte en la financiación del nivel acordado del sistema, es decir, un dinero que se distribuye entre las comunidades autónomas para financiar infraestructuras, servicios y al sistema que pasa al «nivel mínimo», lo que se traduce en 62 millones menos para Andalucía y 9 millones de reducción para Málaga.
La consecuencia de esta medida, aseveraron, será que 1.300 dependientes que actualmente ya perciben su prestación, ayuda o servicio dejen de hacerlo y que 270 profesionales del sector pierdan su trabajo, a no ser que la comunidad autónoma haga frente a esta parte estatal que se pierde, indicaron. El descenso en esta partida afectaría en Andalucía a 9.000 usuarios y a 1.800 empleos en la región.
Arredondo incidió en este punto en la incertidumbre de los trabajadores sociales y del resto de profesionales que trabajan en este ámbito (psicólogos, pedagogos, etc.) ya que dijo que más del 90% dependen de las subvenciones y de estos programas, ya que sólo el 1,85% son funcionarios.
Arredondo y Ramírez indicaron además que el recorte total del Gobierno en servicios sociales es de casi 400 millones de euros en el país, lo que se traduce en un 16% menos de dinero que en 2011. Así, cifran en un 28% el recorte en el Plan Nacional Sobre Drogas, un 39% en los servicios sociales a personas mayores, un 19% en discapacidad, un 21% en actuaciones de violencia de género, un 42% en atención a la infancia y a las familias o un 20% en igualdad. Por ello, realizaron un «dramático llamamiento al Gobierno de Mariano Rajoy con la legitimidad y la fuerza que nos da la voz de los cientos y miles de personas angustiadas que recibimos a diario para que dé marcha atrás a estos recortes, porque es mucho más que una cuestión política, es una exigencia humana».
