El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha abogado hoy por la mediación como solución a la saturación que sufren los juzgados como consecuencia del elevado número de asuntos para los que los ciudadanos piden el amparo del poder judicial.
Ruiz-Gallardón ha clausurado en Málaga las jornadas judiciales denominadas "Por el diálogo", que han versado sobre la reforma laboral, la reforma de la Justicia, la presunción de inocencia y las filtraciones de sumarios.
El ministro ha reflexionado sobre el uso que la sociedad hace del servicio público de la administración de Justicia y sobre la "incapacidad" de resolver los conflictos por otros mecanismos antes de acudir a los tribunales.
Ha recordado que Francia, con veinte millones de habitantes más que España y una actividad económica más intensa, tramita unos tres millones menos de asuntos judiciales.
Para Ruiz-Gallardón, este será uno de los puntos que deben resolverse "antes de entrar en la reforma estructural de la administración de Justicia", por lo que pretende conseguir que sólo lleguen al poder judicial los conflictos que no se hayan podido resolver "de una forma alternativa como la mediación".
Con respecto a la reforma de la Justicia, se ha mostrado de acuerdo con el presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura, Jesús María Chamorro, en que uno de los objetivos es acabar con la "politización".
Por otro lado, frente a la petición por parte del Consejo General del Poder Judicial de convocar oposiciones a la carrera judicial y fiscal para las plazas vacantes, el ministro ha reiterado que no se producirá esta convocatoria porque en este momento está decretado por las Cortes que no se amplíen las plantillas.
Sobre el caso de la nacionalización de Repsol en Argentina, ha destacado la importancia de la seguridad jurídica de los territorios para atraer inversiones y ha señalado que el primer perjudicado "será el propio país argentino y sus ciudades".
Ruiz-Gallardón ha defendido una reforma en la justicia que permita llevar a este poder al nivel de eficiencia que han alcanzando otras áreas de la administración pública como los servicios sanitarios, la administración tributaria o el transporte.
Ha añadido que es al Gobierno y a su ministerio a quien corresponde "la acción" y la iniciativa legislativa porque "somos nosotros los que debemos proponer las medidas" tras la reunión con todos los que intervienen en la administración de la justicia para después proponerlas a que las Cortes Generales para su aprobación.
