La Audiencia Provincial de Málaga ha absuelto a los nueve acusados del "caso Nilo", la mayor operación policial contra una organización internacional dedicada a la estafa por falsos premios de lotería, que no aceptaron el acuerdo de conformidad con la Fiscalía Anticorrupción.

Este procedimiento que conllevó la detención de más de 315 personas, la mayoría nigerianos, inició su juicio en noviembre del 2011 y 102 procesados aceptaron el acuerdo de conformidad con Anticorrupción.

Fuentes judiciales han explicado que Anticorrupción no recurrirá la sentencia ya que en las conclusiones finales el propio fiscal retiró la acusación para seis de ellos, y los otros tres no estaba clara su participación.

Esta es la base en la que se ha apoyado los magistrados que han dictado sentencia y que han considerado "endebles" los indicios que pesan sobre los mismos.

El acuerdo masivo que hubo en este procedimiento permitió a la Sala agilizar mucho el procedimiento, que en principio estaba previsto para unos seis meses.

Tras el acuerdo con las defensas, Anticorrupción retiró el delito de asociación ilícita y solo se les acusó de un delito continuado de estafa en concurso ideal con otro de falsedad, lo que supuso una condena a cada uno de 23 meses y quince días de prisión.

En su día, el instructor dictó auto de procesamiento contra 228 imputados y luego Anticorrupción acusó a 168 de ellos por el delito continuado de estafa con múltiples perjudicados, en concurso con otro de falsedad en documentos públicos y de asociación ilícita.

En julio del 2005 fueron arrestadas más de 315 personas por su presunta relación con una banda internacional de estafas con inversiones y premios de lotería falsos que, solo en el 2004, logró engañar a 20.000 personas de distintos países que enviaron a la organización dinero por la gestión de supuestos premios.

Según la acusación, desde Málaga se desarrollaba "una actividad criminal protagonizada por grupos organizados integrados fundamentalmente por nigerianos, que se dedicaban a seleccionar, a través de internet, personas residentes en el extranjero, a las que se intentaba estafar".

Los imputados adquirían en estancos y oficinas de correos centenares de sellos y sobres y confeccionaban cartas, sin identificación de remitentes, a destinatarios elegidos en guías telefónicas.

En estos sobres remitían simultáneamente a miles de personas cartas con dos documentos falsificados: una notificación emitida por el Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado u otro organismo ficticio de loterías español y un formulario en blanco emitido por la entidad depositaria de los fondos del premio.