La prostitución callejera en la ciudad de Málaga es un complejo problema con numerosas aristas y cuyo principal foco de atención se centra en el polígono Guadalhorce. Agresiones que no suelen denunciar, trato vejatorio, riesgo a contraer enfermedades sexuales, embarazos no deseados, situaciones de irregularidad, inseguridad, robos, desperfectos, falta de limpieza... La actividad acarrea un sinfín de riesgos y conflictos tanto para las mujeres que ejercen como para vecinos, empresarios y trabajadores.
Las reivindicaciones y quejas de los propietarios de las naves del polígono Guadalhorce han sido históricas y se han sucedido en el tiempo. El conflicto ha contado además con periodos especialmente cruentos: denuncias de robos, inseguridad, falta de limpieza, desperfectos en las naves... Ya en 2008 el Ayuntamiento de Málaga hablaba de poner en marcha una ordenanza para regular esta actividad en la calle.
Contentar a todas las partes era y es una ardua tarea. Actualmente el problema, que se encuentra en una fase de tregua temporal, coloca a esta actividad en el limbo. No se ha logrado eliminar la presencia de meretrices en el polígono pero, sin embargo, éstas se trasladan una vez captado el cliente y realizan el servicio a una parcela habilitada para ello y en la que no son multadas porque cumple con la norma. Una solución a medias que no contenta a nadie pero tampoco disgusta, siempre a la espera de que con el tiempo lleguen más mejoras.
No se ha logrado eliminar la presencia de prostitutas, pero sí ha descendido la conflictividad y la inseguridad, en definitiva, los problemas relacionados con esta actividad como también la limpieza.
La ordenanza municipal de Convivencia Ciudadana entró en vigor en diciembre de 2010, aunque no comenzó a multarse hasta enero de 2011 tras una primera etapa de apercibimiento. En lo que se refiere a la prostitución, prohíbe las prácticas sexuales en espacios públicos, así como el ofrecimiento, solicitud, negociación y aceptación directa o indirecta de servicios sexuales en la vía pública siempre que afecten a la convivencia; es decir, que se produzcan a menos de 200 metros de centros docentes, educativos, parques infantiles, zonas residenciales o de cualquier otro lugar en el que se realicen actividades comerciales y empresariales
En el año y cuatro meses de vigencia de la norma, se han impuesto 1.693 infracciones, de las que 367 lo fueron en lo que va de 2012, aunque eso sí, la mayoría de las destinatarias de estas infracciones son las mujeres que ejercen. Los clientes representan un menor porcentaje. Al respecto, el concejal de Seguridad, Julio Andrade, señaló esta semana que al menos en los polígonos y en las zonas del Centro más conflictivas, la práctica de la prostitución «ha quedado erradicada de día y de noche ha bajado mucho».
El caso es que esta declaración resume grosso modo la situación actual, aunque con matices. La ordenanza también ha servido para que el colectivo de prostitutas se organice por primera vez y cuente con una portavoz. Las meretrices incluso se han asociado.
Los colectivos que trabajan con estas chicas han estado además a pie de cañón luchando por sus derechos y llegaron a denunciar el «atropello» y la «indefensión» que estaba sufriendo el colectivo «perseguido» por la policía a raíz de la ordenanza. Y es que se puso el parche antes que la herida. La ordenanza comenzó a funcionar sin que hubiera una solución o alternativa para el colectivo. Posteriormente se determinó intentar ofrecerles una parcela que cumpliera la ordenanza, no molestara a nadie y cumpliera unas mínimas condiciones. Tras meses de encuentros y desencuentros, finalmente se consiguió determinar un terreno adecuado por su ubicación, en la zona de los desguaces del propio polígono, pero alejado. Pero la parcela no cumplía unas mínimas exigencias de acceso y luz por lo que el Ayuntamiento realizó algunos arreglos (alumbrado, papeleras, asfaltado).
El presente. Ahora el conflicto ha entrado en calma. La portavoz del colectivo de prostitutas y presidenta de la asociación Amttse, Tatiana García, afirma que «las chicas siguen en el polígono, pero luego se van a la parcela para hacer el servicio». «Han puesto luces y papeleras, pero queremos una caseta para poder descansar un rato y entregar preservativos. Mientras no nos molesten estamos tranquilas, estamos contentas. Es cierto que cada vez somos menos», indica la presidenta de la asociación.
La representante de Médicos del Mundo, Begoña Espinosa, comenta que «hay chicas que se están yendo, pero más por la crisis que por la ordenanza, al igual que pasa en lo clubes». Espinosa denuncia que la nueva parcela no reúne unas mínimas condiciones. «La zona está aislada, no está habilitada, están ahí perdidas y su situación ha empeorado. No se está resolviendo nada, se trata de tapar el problema», considera. Espinosa recuerda que se habló de poner en marcha con el dinero de las multas un plan de actuación, del que de momento a efectos prácticos de acciones en el terreno nada se sabe.
