El Ayuntamiento de Málaga abordará este mismo año varias actuaciones menores en los Baños del Carmen que supondrán la eliminación del muro que lo rodea, así como el arreglo del paseo peatonal que discurre por su entrada y la regeneración de las zonas verdes del interior. Estas actuaciones se pondrán en marcha en cuanto la Subdelegación del Gobierno culmine el desalojo de las personas que vienen ocupando ilegalmente el recinto, tal como se acordó ayer en la primera reunión de trabajo que tuvieron el subdelegado, Jorge Hernández Mollar, y el alcalde malagueño, Francisco de la Torre.

Las obras que abordará el Consistorio vendrán a salvar la cara del actual Gobierno, que en los presupuestos que destina a Málaga apenas ha contemplado una partida para el proyecto de regeneración de la zona, obras que tienen un costo de unos 13 millones de euros.

En los últimos años el Ayuntamiento se había desentendido de cualquier actuación en la zona y había urgido al anterior Gobierno socialista a la puesta en marcha de las obras. Es ahora, con la llegada de un gobierno popular, cuando ha decidido actuar ante la imposibilidad de hacerlo el Gobierno central.

Abrir el balneario a la ciudad. El alcalde fue claro al respecto al señalar que «no sabemos en qué momento habrá recursos públicos para poder abordar esta obra en toda su integridad». La eliminación del muro que históricamente ha delimitado los Baños del Carmen de su entorno supondrá, según explicó el alcalde, una medida de un gran impacto visual «y social», ya que permitirá «permeabilizar» esa zona que hasta ahora está oculta y abrirla a todos los ciudadanos. Esta actuación, «poco costosa y fácil de hacer», se hará «lo antes posible».

Además, el Ayuntamiento abordará el arreglo de las zonas verdes del recinto, «que de esta manera también quedarán abiertas al disfrute de todos» y del paseo peatonal, muy deteriorado, si bien estas dos actuaciones habrá que sacarlas a concurso y se alargarán algunos meses. De la Torre cuantificó en unos 500.000 euros el costo de esta operación, que se abordará con el remanente de tesorería obtenido de 2011 y que «permitirá a esta zona hacerla permeable y de acceso directo para los ciudadanos».

Cuenta atrás para los «okupas». Con todo, De la Torre aclaró que para ello habrá que contar con la autorización de la Junta de Andalucía y con la ayuda del concesionario privado que ocupa parte de los suelos de los Baños del Carmen. Al respecto, tanto el alcalde como el subdelegado culparon al actual Gobierno andaluz de «desentenderse del asunto y hacer dejación de sus competencias».

Las obras no se iniciarán mientras no se logre desalojar a los «okupas» que viven allí. La reunión celebrada ayer entre el subdelegado y el alcalde de Málaga sirvió para adoptar la decisión de «iniciar el procedimiento administrativo» para el desalojo de los ocupantes.

Al tratarse de un procedimiento administrativo donde hay unos plazos legales que cumplir, el proceso se alargará al menos unos dos meses, señaló Hernández Mollar, que reconoció que se trata de un tema «polémico y no fácil de resolver», pero al que «hay que darle un definitivo arreglo porque perturba la situación del terreno y la vida normal de los ciudadanos», de tal manera que esta situación irregular «no puede eternizarse».

El procedimiento lleva a que primero se requiera a los «okupas» que desalojen voluntariamente el recinto, obliga también a dar un plazo para que estos presenten, si lo estiman, un recurso contra la orden de desalojo, que deberá ser contestado y resuelto, y por último obliga igualmente a dar cuenta a la autoridad judicial a la que también podrán acudir los ocupantes. Todo ello para «actuar legalmente y de manera eficaz».

Por su parte, la Junta reaccionó a las críticas de falta de implicación lanzadas por De la Torre y Hernández Mollar. La delegada del Gobierno andaluz, Susana Radío, exigió al subdelegado que aplique las competencias del Estado en lo que a la ocupación ilegal de los Baños del Carmen se refiere, pero que «no busque la confrontación institucional con la Junta» que, a su juicio, «no tiene nada que decir en este asunto y a la que tampoco se ha dirigido en ningún momento». «Estamos hablando de problemas de orden público en terrenos estatales; es decir, Policía y Demarcación de Costas».