El tribunal del caso Malaya ha remitido un informe al Ministerio de Justicia en el que se exige que se prorrogue la comisión de servicio de la secretaria del proceso, lo que impediría que tuviese que cesar en sus funciones el próximo día 30 de abril. El gabinete del ministro, Alberto Ruiz Gallardón, pretende que la fedataria, Inmaculada Núñez, que se encarga de un procedimiento de más de un millón de folios, se incorpore en la plaza que le corresponde, en un juzgado de lo Social, y que un colega de ésta se ocupe del voluminoso sumario.

El hecho de que se marche no propiciaría en ningún caso la suspensión de la vista, que se inició el 27 de septiembre de 2010, pero sí que la retrasaría en un momento crucial, dado que se encuentra en el último bloque y el tribunal se ha fijado el 1 de agosto como fecha final, pase lo que pase, contra viento y marea. La posibilidad de que la secretaria se marche ha sentado incluso mal a las defensas, que se han reunido para hacer un escrito con el que pedirán que la fedataria judicial siga en su sitio. Todos temen que el hecho de que se ponga al frente de esta nave a otro secretario, que ni conoce el proceso ni tendrá las posibilidades de dominarlo en apenas tres meses dado su volumen, propicie que semejante transatlántico naufrague.

El tono del informe firmado por José Godino, presidente del tribunal, no deja lugar a dudas: «Que a la mayor celeridad posible se apruebe la renovación de la comisión de servicio de la secretaria judicial a cargo del caso». Incluso, Godino añade: «Hago constar mi profunda preocupación por las dilaciones y el perjuicio que podrían producirse como consecuencia del cese de la secretaria. No hay que olvidarse de que se trata del procedimiento más complejo y numeroso que en la actualidad se está desarrollando en todo el territorio nacional».

Entre otras cosas, el presidente del caso recuerda que el procedimiento se desarrolla desde las diez de la mañana hasta las cuatro o cinco de la tarde «en sesiones maratonianas».

«Aunque no parece necesario reseñar la complejidad del procedimiento con 95 acusados, una documentación que rebasa el millón de documentos, ni la dificultad que entraña en cuanto a la labor de la oficina judicial, el juicio oral se empezó el día que estaba señalado sin que a lo largo de este tiempo se haya producido suspensión alguna», aclara. La secretaria desempeña sus funciones desde julio de 2010.

Guardia pretoriana. Por otro lado, el exedil de Marbella Alberto García aseguró ayer que el exalcalde marbellí Jesús Gil «tenía una especie de guardia pretoriana de gente en la sombra que no son personajes públicos» y señaló que en un momento determinado «el último eslabón que le quedaba en el Ayuntamiento era Roca». «Desde que se produce el cese de éste, los acontecimientos se desarrollan a velocidad de vértigo y se presenta la moción de censura contra Julián Muñoz», dijo.