La vicesecretaria de Acción Política del PP-A, Patricia Navarro, y la vicesecretaria de Educación, Marifrán Carazo, pidieron ayer al presidente de la Junta de Andalucía en funciones, José Antonio Griñán, «responsabilidad y lealtad institucional» y le exigieron que «no culpe al Gobierno central de los recortes del Ejecutivo autonómico». Los populares lamentaron que, «en lugar de arrimar el hombro y contribuir a la recuperación de la economía, «haga gala de un pésimo sentido de estado y de tener muy poca memoria histórica». «El PP andaluz no va a admitir lecciones de quienes por segunda vez han dejado en la ruina y han empobrecido a los españoles y ahora les llaman a las movilizaciones», abundó Navarro. La dirigente del PP se refirió a Griñán como el «rey de los recortes» y recordó que «al tijeretazo de 6.000 millones en políticas sociales, a la no ejecución presupuestaria o a las mentiras sobre el déficit que Griñán situó en un 1,4% y la consejera de Economía corrigió subiéndolo a un 3%, hay que sumar el anuncio de 2.700 millones de recortes», los cuales «no sabemos en qué ni dónde se van a aplicar porque se niega a explicarlo», espetó. Navarro hizo hincapié en que «han sido estas mentiras del partido socialista las que han provocado que el Gobierno haya tenido que hacer unos presupuestos más restrictivos de lo que les gustaría».

Igualmente, el PP exigió a los socialistas que «no sigan mintiendo», ya que, como declaró, las competencias en educación y sanidad son de las comunidades autónomas, «que son las que deben hacer los ajustes en estas políticas, en función de su situación económica, sin que las directrices del Gobierno sean vinculantes». Por ello, exigió al presidente de la Junta en funciones que «aclare de qué partidas va a ahorrar los 2.700 millones que ha recortado y aprobado su Consejo de Gobierno».

La vicesecretaria de Educación del PP andaluz insistió en que sobre «los recortes» en educación en Andalucía «no se puede echar la culpa al Gobierno central porque las competencias están transferidas a las comunidades autónomas». Recordó que en el año 2007 la Consejería de Educación firmó un acuerdo con los sindicatos para incorporar 15.000 docentes y mejorar la ratio y que «sólo se ha incorporado a 6.000 profesores».