La Fiscalía de Málaga pide penas que suman 27 años de cárcel para cinco policías nacionales que abusaron presuntamente de mujeres inmigrantes que residían, en el verano de 2006, en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de la barriada de Capuchinos, en la capital.

Según consta en la calificación fiscal, a la que tuvo acceso La Opinión de Málaga, los procesados organizaron en el CIE, durante los meses de junio y julio de 2006, y en los turnos de madrugada que les correspondieron, «cenas fuera de las habitaciones con las internas en las que se bebían bebidas alcohólicas, que los agentes facilitaban; se comían alimentos traídos para la ocasión por los funcionarios, se escuchaba música y se intimaba con las internas».

Las mujeres asistían a esas fiestas a cambio de comida, «tabaco, chocolate, regalos de bisutería, permitirles usar el móvil, salir de las celdas, tomar un poco de aire y el ambiente relajado de disciplina que se creaba», sostiene la acusación pública en su escrito, de cinco páginas. Los procesados buscaban presuntamente ese ambiente para luego, si llegaba el caso, «satisfacer su ánimo libidinoso con las internas».

Entre los días 26 y 27 de junio de 2006, uno de los procesados, aprovechando esas reuniones y prevaliéndose «de su condición de policía, se dirigió a una testigo protegida y se le insinuó sexualmente, haciéndole caricias en la cara y en el cabello». La mujer rechazó las insinuaciones.

El 3 de julio de 2006, otro de los acusados, prevaliéndose asimismo de la condición de policía y en una de esas cenas, «mantuvo relaciones sexuales, con penetración vaginal, con otra testigo protegida, quien dio su consentimiento por la condición de autoridad de aquel», relata el fiscal.

Caricias. El 8 de julio de 2006, otro de los encausados, aprovechándose presuntamente de su condición de funcionario de la Policía Nacional, se le insinuó a otra de las testigos, «y comenzó a acariciarla con ánimo lascivo, y, como ella se negó, fue devuelta a su habitación con malos modos», consta en la calificación.

Un cuarto policía empezó a tocar a otra de las internas en el CIE de Capuchinos el mismo día, con un supuesto «ánimo lascivo». Además, se insinuó, pero la chica dijo que no, y fue devuelta a su habitación como su compañera. El primero de estos cuatro agentes se dirigió a otra de las testigos y se le insinuó, «haciéndole caricias en la cara, en la vagina y en los pechos, rechazando aquella dicha situación y cesando el procesado».

Pero hay más. En una fecha no determinada de julio de 2006, en una de esas cenas, el quinto policía nacional, prevaliéndose de su condición de agente, «mantuvo relaciones sexuales con penetración vaginal con otra» de las internas, siempre según la Fiscalía Provincial de Málaga.

El mismo procesado mantuvo en otra ocasión más, supuestamente, relaciones con la misma extranjera interna en el CIE. «Ella dio su consentimiento en las tres ocasiones por la condición de autoridad de aquel», señala el ministerio público.

Las trabajadoras de limpieza del CIE de Capuchinos, cuatro mujeres que tienen también la condición de testigos protegidas, tras esas fiestas nocturnas «encontraban botellas, preservativos y otros objetos durante sus turnos de limpieza», tras lo que alertaron a los responsables.

Igualmente, las trabajadoras presenciaron cómo algunas internas «se mostraban descaradas y provocativas con los policías y cómo algunas se les ofrecían sexualmente en su presencia a los agentes policiales», reseña la Fiscalía en su escrito.

Delitos de abuso sexual. En total, se acusa a los policías de cinco delitos de abuso sexual con consentimiento viciado y un sexto idéntico pero de carácter continuado. A uno de los agentes se le endosan dos ilícitos de abuso, por los que se le piden cuatro años de cárcel y las costas; a un segundo se le imputa un delito similar, pero como se consumó la relación, la pena solicitada es de nueve años; el agente que tuvo dos relaciones sexuales con penetración con una mujer se enfrenta a diez años, mientras que a los otros dos policías nacionales se les piden únicamente dos años de prisión, pues sólo hubo supuestos tocamientos.

A todos ellos se les reclama el pago de las costas procesales. Este caso generó una gran polémica en la que numerosas asociaciones en defensa de los derechos humanos denunciaron el tratamiento discriminatorio que sufrían los inmigrantes en el CIE.