López Caballero: "En Málaga tenemos fenómenos de criminalidad global recurrente"

¿Por qué decidió presentarse a fiscal jefe?

He estado treinta años en un sector de la administración, y ha llegado el momento de acceder a la Jefatura. Una de las razones que me motivaron para pedir la plaza está relacionada con el trabajo tradicional que hemos desarrollado en la Fiscalía, un fiscal, un asunto. Las peculiaridades de la provincia de Málaga, desde un punto de vista criminológico, hace que se manifiesten distintas formas de criminalidad que deben ser acometidas desde otra perspectiva a efectos organizativos, como una tarea de equipo.

¿Cómo compagina estar tres días a la semana en Malaya y otros dos al frente de la Fiscalía?

Cuando solicité la Jefatura era consciente de que durante un periodo de tiempo habría que compatibilizar esa doble tarea. El juicio de la operación Malaya, por su enjundia, requiere una especial dedicación, pero quiero agradecer desde aquí el apoyo del resto de la plantilla, que ha decidido ayudarme mientras dure este solapamiento de responsabilidades.

¿Seguirá como fiscal Anticorrupción?

Cesaré como delegado, pero ello no implicará un abandono de los asuntos en los que he estado trabajando.

¿Qué les hace más falta ahora mismo: funcionarios o fiscales?

Medios personales de todo tipo. Estamos en una sociedad compleja, en Málaga tenemos fenómenos de criminalidad global recurrentes, y la lucha contra el beneficio económico del delito es fundamental. Debemos contar con unidades de investigación y con el suficiente apoyo laboral de los funcionarios de la oficina de la Fiscalía en un número razonable. Tenemos carencias históricas.

En la última década se han creado muchas secciones especializadas en la Fiscalía, algunas de ellas han funcionado muy bien y otras están vacías de contenido. ¿Tiene en mente seguir ese camino?

La especialización fue un impulso muy importante, básicamente porque es el mejor modo posible de ajustarse al principio de unidad de actuación que debe regir la actuación de los fiscales como garantía de igualdad ante la ley. La idea de especialización es fundamental. Supone mayor dedicación, mayor conocimiento y mejor respuesta a la problemática social. Ahora bien, la especialización de la Fiscalía no puede quedar en un título. Eso es un fraude de etiquetas. Una operación de maquillaje que no debe obviar las necesidad de dotar a esas especialidades de los materiales y humanos necesarios. Con la creación de especialidades parece que se lanza a la opinión pública la idea de que somos capaces de cubrir determinados ámbitos de actuación con eficacia, cuando lo cierto es que, si no van acompañados de los medios necesarios, pues las consecuencias son contrarias a lo que se pretendía. Es una gran decepción.

Uno de los caballos de batalla en las fiscalías de toda España son los casos de niños robados, que han tenido especial profusión en Málaga. ¿Qué opinión le merecen estos procesos? ¿Tiene sentido que la jurisdicción Penal se ocupe de ellos, cuando algunos tuvieron lugar hace muchos años?

Que la jurisdicción Penal se ocupe de un supuesto hecho delictivo que desde mi punto de vista es gravísimo, es natural. Cuestión distinta es que en función de determinados parámetros de técnica jurídica se puede hablar de que concurre la prescripción en algún caso concreto. Está prevista la redacción de una instrucción por parte de la Fiscalía General del Estado para enfrentarnos con esta problemática de modo uniforme en toda España. Mientras tanto, lo que hacemos es investigar en la medida de lo posible. Hay veces que los hechos son muy antiguos. Nuestra intención es de momento investigar los hechos denunciados como se suele hacer con cualquier otro caso. Con independencia de que una vez que tengamos en nuestro poder la instrucción, podamos despejar las dudas.

¿Se van a seguir recurriendo los archivos?

Habrá que estudiar la razón del archivo. La decisión será objeto de estudio de forma individualizada.

¿Por qué no un único fiscal para estos procesos?

Una vez que recibamos la instrucción, decidiremos. Mientras tanto, la actuación de la Fiscalía será en función del juzgado en el que radique la denuncia, con independencia de que se arbitren fórmulas de coordinación con una dación de cuentas a la Jefatura.

Los macrocasos de corrupción ahogan a la Fiscalía y a la Audiencia Provincial. ¿Es sostenible seguir con este ritmo de un macroproceso al año?

Hay un hecho que no puede pasar desapercibido, que es cómo se afrontan en los últimos tiempos la persecución de aquellos delitos que se caracterizan por su contenido económico. Se ha puesto el centro de la investigación en el beneficio del delito, en la identificación e incautación de los bienes y fondos de la actividad delictiva. Es una perspectiva que cambia por completo la investigación de estos delitos, y ello lleva consigo una tarea investigadora más amplia y complicada. Cuando la investigación tiene éxito en cuanto que se identifica ese producto del delito, se da lugar a procedimientos más complejos, por los hechos y las personas investigadas, que los supuestos tradicionales relativos tanto a la corrupción como al crimen organizado. Esto es una realidad, que además nos viene impuesta por compromisos internacionales que hemos asumido, y debemos ser conscientes de que estamos en una zona caliente desde el punto de vista de la manifestación de actividades delictivas de organizaciones criminales. Por ello, hay que reivindicar que se dote a las fiscalías. Desgraciadamente ésta va a ser la tónica de las investigaciones que se lleven a cabo al menos en estos ámbitos de delincuencia. Investigaciones que no afectarán sólo al mero acto contrario a derecho, sino que trasciende a ello investigándose si se obtuvo rendimiento económico y dónde se puede ocultar. La perspectiva y el resultado es distinto.

Luego, vendrán más macrocasos...

Los límites del procedimiento los pone la importancia del hecho, las personas implicadas... ésta no es la situación ideal. Lo ideal es un delito de homicidio con el autor confesando el crimen. Pero la vida no es color de rosa. Hay otros delitos que parten de una comunidad de intereses, donde la ley del silencio se impone, donde la jerarquía administrativa también tiene un gran factor silenciador de conductas delictivas. Hay que comprender que no siempre la investigación cuenta con la confesión del autor.

¿Qué conclusiones saca de lo hecho hasta ahora contra la corrupción administrativa?

El establecimiento de la delegación contra la corrupción y la criminalidad organizada, al modo como ya existía en la Fiscalía Antidroga, junto al componente de cooperación internacional, es un instrumento fundamental para combatir esa delincuencia. Eso como punto de partida. Como proyección, habría que insistir en que ésta es una zona caliente, y habría que configurar, como experiencia piloto, la instauración de equipos de investigación con policía especializada y funcionarios de la Agencia Tributaria. Unidades de investigación con medios personales técnicos que son imprescindibles para hacer una investigación.

¿Por qué, pese a la dura respuesta judicial, siguen produciéndose casos de corrupción?

Si nos vamos a la violencia de género, pese al endurecimiento de las respuestas sancionadoras, vamos a comprobar que no por ello se evitan los delitos. La corrupción produce modos de obtener rendimientos económicos muy importantes y, hasta ahora, con poco o escaso riesgo. Con esta investigación, espero que sea menos apetecible implicarse en estas actividades. En el tráfico de drogas se ha hecho un esfuerzo muy importante, pero sigue existiendo. La razón económica es muy importante para entender estos delitos y por qué se reincide en el tiempo.

Hay quien ha defendido que los golpes contra la corrupción y el blanqueo suponen un ataque a la yugular de la economía...

Sí, desde el punto de vista intelectual respeto al máximo cualquier opinión sobre el aspecto criminológico de la cuestión. Hay corrientes despenalizadoras por ejemplo del blanqueo de capitales, hay sectores de la doctrina española que han protestado por lo que consideran que es una mala política criminal, penalizar el producto del blanqueo, pero hay convenios internacionales ratificados por España y que forman parte de nuestro derecho interno, y en esos convenios se obliga al país a luchar contra el beneficio del delito mediante la sanción del blanqueo.

¿Le asustan los recortes que puedan llegar?

Los recortes no nos gustan en absoluto, como funcionarios que somos. Tengo la sensación de ser eso que en Derecho Penal se llama un bien escaso. Tenemos escasos medios tanto personales como materiales para acometer el elenco de funciones que nos dan las leyes. Si a alguien deficientemente dotado históricamente, se le dice que por razones económicas no se va a hacer un esfuerzo que palie la situación, no me parece una noticia feliz.

¿Qué piensa del copago?

No afectaría a la jurisdicción penal. Se refieren al establecimiento de tasas aplicables a recursos en otras jurisdicciones. El limitar el recurso a instancias superiores deberá justificarse adecuadamente en la ley que imponga la limitación, porque si no afectaría a la tutela judicial efectiva. No sé el sentido que tiene o sobre qué asuntos va a girar, pero doctores tiene la iglesia.

¿Qué le parecen las medidas propuestas para endurecer ciertos aspectos del Código Penal tales como la cadena perpetua revisable?

Nuestro sistema penal tiene una respuesta para el autor de varios delitos: es la acumulación jurídica de las penas, no matemática o material. El límite está representado por el triple de la pena más grave, que a su vez se limita a treinta años, el límite máximo por lo general, pese a las excepciones. En determinados acontecimientos que han causado gran consternación en la opinión pública, la cuestión es si sería aconsejable superar estos límites o no. La verdad es que es una cuestión difícil porque colisiona más que con la Constitución, con la interpretación que se ha dado a la previsión constitucional de las penas privativas de libertad. Pero también podría pensarse que la acumulación jurídica de las penas, que existía antes de la Constitución, puede sustituirse. Hay que plantearse si es razonable que el autor de cinco asesinatos no sea acreedor a cinco penas por ese delito, sino a una responsabilidad limitada a los treinta o cuarenta años, según el caso.

¿Le gusta la supresión de seis partidos judiciales en la provincia, desde las once hasta las cinco circunscripciones?

Nos afecta poco. Nosotros hemos actuado siempre a consecuencia de... si hay más despliegue de los juzgados, nos aproximamos a los sitios en los que el Poder Judicial se ha instalado. Lo ideal sería acercar la prestación del servicio al ciudadano, pero se impone el criterio económico.

La Justicia sufre un descrédito público terrible fruto de la tardanza en responder a las demandas ciudadanas y de otros casos como el de Urdangarin, Garzón o ahora el de Dívar...

Como servicio público, en relación a si la respuesta es razonable y adecuada, la percepción es negativa, me refiero a muchas jurisdicciones como la Contencioso-Administrativa o la Civil. La tardanza en los asuntos no puede dar lugar a una visión satisfactoria del aparato judicial en su conjunto. Ahora, las decisiones concretas que se producen habría que verlas con más sosiego, y sometiéndolas a una crítica con más profundidad. Cuando se insinúa que la más alta institución del país, el Supremo, actúa de forma contraria a la ley, para un jurista es el mundo al revés. Hay que ver los casos de forma menos apasionada, para no contribuir a ese desprestigio social.