El abogado José Carlos Aguilera, contratado por el grupo municipal socialista de Marbella (Málaga) como asesor jurídico en el Gobierno tripartito --GIL, PA y PSOE--, ha dicho que "desde el año 91 hasta 2003 se pueden contar con los dedos de una mano las licencias de obras otorgadas por el gobierno del GIL que se ajusten a la legalidad urbanística. Si la hay es por accidente", apuntando que se hizo un urbanismo "de mercado de espaldas al ordenamiento", mientras que ha ratificado que el tripartito inició un proceso de normalización.
Aguilera, que ha declarado como testigo en el juicio del caso 'Malaya' y que fue letrado de la exedil socialista y acusada en la causa, Isabel García Marcos, ha explicado que se revisaban unos 100 expedientes urbanísticos a la semana y se realizaba un resumen del asunto en cuestión, verificando que las propuestas se sustentaban siempre en informes técnicos y jurídicos. Ha apuntado que García Marcos siempre seguía este criterio.
Ha asegurado que con los conocimientos que tiene con el tripartito "no se otorgó ni una sola licencia que no se ajustara al Plan General en vigor, que era el de 1986", una vez ya estaba publicado desde 2000. Asimismo, ha sido cuestionado por un informe que elaboró en el que, entre otros aspecto, se analizaron las licencias al proyecto básico y al proyecto de ejecución, informe que fue llevado al pleno de Marbella.
En este sentido, ha indicado que reflejó en ese informe "normativa urbanística" y se limitó a apoyarse en resoluciones del Tribunal Supremo, apuntando que el criterio era que el proyecto de ejecución "sólo desarrolla el básico en su aspecto técnico" y, por tanto, "no contiene una sola determinación de carácter urbanístico". "Lo que legitima la licencia y la posibilidad de acometer la obra es el proyecto básico y nunca el de ejecución", ha apuntado.
Ha afirmado que el Tribunal Supremo es "meridianamente claro en eso" y sostiene que "no se puede aprovechar un expediente de tramitación de un proyecto de ejecución para revisar la licencia, ese no es el cauce legal". Ha señalado que en las etapas anteriores al tripartito "había decenas, quizá centenares de licencias" otorgadas conforme un plan en revisión que nunca se llegó a aprobar, permisos que "habían dado lugar a la edificación de miles de viviendas".
Aguilera ha manifestado que tras analizar la propuesta de avance del Plan General y ante esta situación urbanística, "con 30.000 viviendas irregulares, de las que más de 3.000 estaban en suelo no urbanizable", se concluyó que "había que iniciar un proceso de normalización", por lo que él elaboró un informe, donde señalaba que "lo razonable" era no iniciar un proceso de revisión de oficio general "hasta que no estuviera aprobado el plan".
Ha apuntado que la idea era, ya con el planeamiento aprobado de forma inicial, saber qué edificaciones se habían regularizado y cuáles no y revisar éstas, de forma que "no fuera un proceso generalizado de revisión". Ha indicado que la gestora "hizo un amago" con dos expedientes de revisión de oficio, pero "abandonó", porque eso "venía a agravar el problema que tenía Marbella en materia urbanística". También lo entendió así el actual gobierno, ha dicho.
Discrepancias. Ha indicado que el jefe de los Servicios Jurídicos de Urbanismo, Jorge González, cuya declaración en otra causa dio lugar a investigar el caso 'Malaya', elaboró un informe coincidente con el suyo "en un 98 por ciento". El fiscal se ha mostrado en contra de esto, al apuntar que la diferencia es "fundamental", por cuanto González estima, dice el fiscal, que si la licencia no se ajusta a la legalidad procede denegar dicho proyecto y revisar la licencia.
Ha respondido a la acusación pública que denunció licencias ilegales "más que la Fiscalía" y se ha mostrado seguro de que se aprobaron proyectos de ejecución "con medidas cautelares de suspensión de la licencia porque no se incorporaban al expediente". Ha afirmado que nunca informó de un convenio urbanístico en esta época, aunque sí le consta que se llevaba la aprobación de alguno concreto por trámite de urgencia, por lo que no estaba en el orden del día.
Entre los testigos que han comparecido ha estado el que fuera vocal de la gestora Rafael Duarte, quien ha asegurado que cuando estaba a punto de aprobarse el plan general era "alarmante proceder a desalojos", aunque ha recordado que en ese momento "se le habían retirado las competencias urbanísticas a Marbella". Cuestionado por la defensa del exedil Pedro Pérez sobre los proyectos de ejecución, se ha mostrado de acuerdo con los criterios expuestos por Aguilera.
En la sesión de este martes han declarado otros testigos y peritos. En total, quedan por declarar 37 testigos. Las previsiones de la Sala son que el día 11 de junio se realice el trámite de calificación por todas las partes y ya no tener sesiones hasta el lunes día 18 para el trámite de informes, para lo que el fiscal tendrá esa jornada, las otras dos acusaciones el día 19 y a partir de ahí las defensas.
